¿Por qué el gobierno necesita anunciarse?… ¿vende?, ¿compra?, ¿informa?
La publicidad gubernamental tradicionalmente ha sido vista como una forma de incidir en las voluntades de los medios de comunicación, existe el riesgo de generar por lo menos un conflicto de interés: entendido como una situación externa que afecta la objetividad en el desempeño de la actividad principal de una persona u organización.
¿Por qué es así? pensemos en que si un medio de comunicación recibe dinero de un área de gobierno le costará mucho exponer críticamente una situación que afecte negativamente a este cliente, el resultado será en la mayoría de los casos una autocensura.
En el mismo sentido, cuando ese comprador gubernamental le pida que introduzca una cobertura noticiosa que beneficie su imagen o fortalezca su presencia seguramente tendrá que aceptar en función de los beneficios económicos que recibe.
Este tema ha salido nuevamente a debate porque el gobierno federal y luego requerido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) han mostrado los gastos en el tema ejercidos por la administración federal pasada.
Esto ha causado indignación, recriminaciones, defensas, argumentos, etc. Pero lo cierto es que como muchos otros tópicos corre el riesgo de quedar en el olvido ante la vorágine noticiosa que siempre nos acompaña. No debe ser un tema que quede en el reclamo abstracto. Tampoco se puede permitir el linchamiento mediático, que sólo sirva para dar espectáculo.
El tema se complica aun más si tomamos en cuenta que la regulación jurídica para la asignación de publicidad gubernamental es sumamente laxa en la Ley General de Comunicación Social cuya entrada en vigor fue hasta este año.Esta norma fue aprobaba luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante un amparo promovido por una organización de la sociedad civil (OSC), Artículo 19 obligara al legislativo federal dado que dicha ley reglamentaria del artículo 134 de la Constitución (CPEUM) se había omitido.
El resultado no fue precisamente el mejor, por ejemplo, en el art. 4 se establece una Secretaría Administradora, que es la de Gobernación o equivalente en estados y municipios, como su nombre lo dice regulará el gasto y asignación de esta área. No hay mucho que decir ante tal circunstancia.
Lo que se requiere actualmente no sólo es bajar el gasto de publicidad gubernamental y transparentarlo en el ámbito federal, que es adecuado, se demanda de una regulación que determine las necesidades informativas del Estado, por ejemplo, dar a conocer una campaña de vacunación, explicar en donde se encuentran albergues ante determinados siniestros, pedir la colaboración ciudadana ante una contingencia, explicar la manera de separar la basura doméstica y las posibilidades de reciclaje, etc.
Lo que es inadmisible son las notas personales en los denominados informes de gobierno o que tal dependencia «rinda cuentas» de sus logros. Ambas acciones me parecen válidas, pero para ello existe la evidencia de los resultados ante la ciudadanía y otros medios gratuitos como las redes sociales. Y todos los actores políticos teniendo la misma situación generaría equidad entre ellos.
Estamos ante la necesidad de tener además de lo anterior, elementos objetivos (circulación, público, tiraje, alcance, perfil, etc.) para la contratación de medios que faciliten la comunicación social que se requiera, debiendo ser seleccionados en igualdad de circunstancias y de manera pública. También es necesaria la implementación de políticas afirmativas como la contratación de medios locales, bajo la lógica de aportar a la diversidad y la independencia.
No se debe olvidar que esta discusión está centrada en el ámbito federal y de alguna forma quedo expuesto y por lo tanto ha tenido cierto control, este tema se reproduce en los niveles estatales y municipales. En donde ahí sí, la mayor parte de las situaciones viven en medio de la opacidad en el mejor de los casos.
El tema tiene una enorme complejidad porque implica a la calidad de la información, la regulación gubernamental y la autoregulación de los medios. Es difícil avanzar en una sola de esas pistas.
Bueno, pues ya empezamos… a caminar.