Muchas veces nos hemos preguntado sobre la manera de enfrentar la corrupción gubernamental en México, desde mi óptica es el problema más grave que tenemos, dado que mientras se mantenga afectará a todo lo demás, por ejemplo, si hace falta infraestructura carretera, de poco servirá que se le destinen recursos si serán aplicados en un entorno tan poco confiable. Lo mismo sucede con educación, salud, medio ambiente, etc.

Los modos de enfrentar la corrupción se han imaginado desde las perspectivas más diversas: eliminarla por decreto, reformas a leyes, contratar a personas honestas, regresar las clases de civismo, castigos ejemplares, más dependencias de gobierno, etc.

Normalmente esto tiene que ver con el voluntarismo y en el otro extremo la desesperación, no es para menos, mucho se ha perdido en esta búsqueda de respuestas y soluciones. Me parece válido en este proceso hacer una acotación: en ocasiones se olvida que la corrupción tiene su origen en la sociedad y de ahí se refleja en el gobierno.

Para decirlo de manera cruda: se tiene un gobierno corrupto, porque existe una sociedad corrupta, no encuentro evidencia empírica de que estos elementos puedan ir disociados. Lo de menos es responsabilizar al gobierno, pero me parece que entonces se estaría dejando en una minoría la responsabilidad de una sociedad.

En ese tramo, caminando con Rousseau, al ciudadano le deben interesar los asuntos públicos y el control de su gobierno, por lo cual está obligado a informarse y debatir en asambleas ciudadanas de todo tipo (L-III, C.XIV).

La tarea parece titánica (y lo es), pero no existen recetas fáciles: reformas legales que eliminen la corrupción por sí misma, líderes políticos, honestos y capaces que no requieran de la intervención reflexiva y activa de la sociedad, improperios hacia los corruptos que los hagan reflexionar y lo demás que la imaginación permita.

La corrupción es el gran negocio de unos pocos y la ilusión de muchos. Cuando una persona compra algo robado se siente inteligente por el beneficio inmediato, pero se vuelve difícil siquiera sospechar los efectos de mediano y largo plazo. Lo mismo sucede con la compra de piratería o la entrega de un soborno.

Lo que le queda a la sociedad es reconocer la inviabilidad de la corrupción, no se trata de evitarla por ser un “alma buena”, sino porque no existe país que, teniéndola en grado superlativo, sea al mismo tiempo una nación desarrollada, no hay teoría que pudiera al menos suponer algo por el estilo.

Para decirlo en términos directos: la corrupción es más producto de la ignorancia, quiebre y desesperación social que, de la perversión de un sector como el gobierno o los empresarios, lo cual tampoco se niega.

Se podrá alegar que estando el país como se encuentra es difícil o imposible llamar a la población a que haga un voto de honestidad, es cierto, aunque pareciera no existir otra salida. Se puede argumentar que debe empezar el gobierno y los sectores más favorecidos, puede ser, pero cada ciudadano tendrá que asumir parte de la responsabilidad.

Una forma de iniciar este proceso me parece que es la implementación del Servicio Profesional de Carrera (SPC), con esto me refiero a que los funcionarios públicos (en su gran mayoría) deben acceder a sus puestos por medio de una convocatoria pública, cubriendo un perfil y aprobando exámenes; para efecto de que su ingreso, egreso y promoción sea conforme a procedimientos definidos legal y administrativamente (ver cap. 5).   

Actualmente, en general, se tiene un sistema que Weber denominaría de Despojo (spoils system), esto es, las campañas políticas son una guerra en donde el ganador se lleva un botín que incluye la mayor parte de las posiciones de los funcionarios públicos de la administración de que se trate.

Lo que implica pérdida de conocimiento institucional, curvas de aprendizaje continuas, personas no aptas para determinados puestos, funcionarios públicos vulnerables ante actos de corrupción, etc. Con las consecuencias que se pueden prever.

En el nivel federal se han hecho los mejores intentos para implementar el SPC, me parece que la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional Electoral son de las mejores experiencias. Por supuesto que tienen aspectos observables, pero finalmente representan casos en los cuales se muestra que en México se pueden tener condiciones superiores que con el sistema que prevalece.

La pregunta obvia es: Si es tan adecuado el SPC ¿por qué no se ha ampliado su uso? La respuesta es simple, porque no le conviene a la clase gobernante y la ciudadanía no lo tiene en la agenda pública.

Continuado con la imagen de la batalla, ¿cómo es que puede reclutar a tantos “guerreros” un candidato competitivo?, en buena medida bajo la promesa implícita o expresa de tener un beneficio que en varios casos se traduce en la aspiración a un puesto en el gobierno. Prisioneros de guerra serán «sacrificados» en aras del cumplimiento de favores, no puede ser de otra forma.

Pero el drama no termina ahí, el nuevo funcionario ya en ejercicio se encuentra entrampado, ante un hipotético desacato por no acceder a un acto de corrupción ordenado por sus superiores, seguramente tendrá que olvidarse de su empleo; pero si llegara a mantenerse y realizar un buen trabajo, con la llegada de la nueva administración, en tres o seis años, traerá un sello que opacará su desempeño, por tanto, disminuyendo sensiblemente sus posibilidades de conservar el puesto.

Esto que comento es en el mejor de los casos, por otro lado, está el funcionario público que mediante el despojo ve una oportunidad de cometer actos de corrupción, de mayor o menor tamaño, sabiendo que su permanencia depende de muchos factores, siendo uno más su desempeño.

Está claro que la ciudadanía no se encuentra beneficiada con una situación como ésta, lo que deseamos es que los puestos del servicio público sean ocupados por los mejores perfiles, en donde los funcionarios encuentren beneficios y sanciones en correspondencia a sus actos. Lo que redunde en una burocracia profesional.

Es cierto que el SPC ya ha provocado críticas en países que lo han utilizado desde hace mucho tiempo, pero debe en todo caso abrirse el debate de si para nuestras circunstancias es lo adecuado. Desde mi perspectiva claramente debe ser implementado.

Ahora, se debe tener claro que ninguna medida puede ser eficaz si no tiene el interés de por lo menos un sector de la sociedad, esta no es la excepción. Creo que podemos pensar en informarnos sobre el tema e ir colocándolo en la discusión social. No será fácil, pero para como estamos, nada lo será.

Hasta pronto.