Democracia representativa vs democracia directa
Durante mucho tiempo se planteó la disyuntiva entre democracia representativa y directa. Claramente la balanza se inclinó por la primera y eso ocasionó que a Rousseau se le viera como algo lejano y superado. No obstante, está por demás decir que la democracia representativa ha tenido múltiples tropiezos (América Latina no es la excepción), en donde se destaca la falta de legitimidad hacia el gobierno, sobre todo de ejercicio no tanto de origen.
Esto trajo la necesidad de buscar un nuevo arreglo político lo que dio viabilidad a la Gobernanza frente a la Gobernabilidad. Junto con ello se iba desarrollando una ciudadanía que trataba de ir más allá de lo no gubernamental, para afirmarse mediante organizaciones de la sociedad civil.
Aparecieron los organismos autónomos como un medio de equilibrio ante una división tripartita del poder ya rebasada. El curso siguió con los presupuestos participativos en donde se le pedía a la sociedad que fuera más allá de votar; que tomara parte de las acciones de gobierno buscando la ansiada legitimidad, con ello identidad con las políticas públicas, y claro, la meta final estaba en lograr el apoyo político electoral.
Este nuevo equilibrio ha sido muy complejo. Dista mucho de ser la gran salida por sí misma. Lo cierto es que se ha llegado a la idea de que la democracia representativa puede coexistir con la democracia directa más allá de sus múltiples retos. La forma de implementarse en el mundo ha mostrado todas las variables posibles: desde la justificación de la centralización del poder, hasta lograr reivindicaciones sociales de la mayor relevancia.
La democracia directa en México
Para el caso mexicano el camino es largo. En buena medida porque hace falta una cultura jurídica y política que no termina de llegar, nuestra historia está plagada de expresiones autoritarias, clientelismo y corporativismo. No digo nada nuevo si comento que el gran problema del país es la corrupción y el gobierno sigue siendo visto como botín de campaña desde la perspectiva weberiana.
Este entorno no es el mejor para que la sociedad participe. Hay un claro distanciamiento con la clase política en general, las manifestaciones ciudadanas se encuentran en hechos coyunturales, reivindicaciones particulares, luchas sectoriales, etc. El espacio público no termina de ser una dimensión de análisis, crítica y debate. En ocasiones las expresiones pueden ser tristemente violentas.
A pesar de todo, se ha intentado incluir mecanismos de democracia directa. Así hemos tenido consulta popular y revocación de mandato, más allá de filias y fobias, el porcentaje de participación ha sido bajo frente a ejercicios internacionales como el Brexit o la decisión de una nueva constitución política chilena. Para los propios parámetros legales nacionales no se ha alcanzado el mínimo para hacer el ejercicio válido jurídicamente (40% de participación). Esto también puede verse como el inicio de un proceso, en fin, el camino es largo.
Iniciativa popular
En este contexto aparece la iniciativa popular como el instrumento más débil que se tiene en México de democracia directa. La historia ha sido decepcionante, trataré de ser objetivo: (…) desde la creación de esta figura jurídica en el año dos mil doce, se tiene registro de un total de 17 Iniciativas Ciudadanas presentadas ante el Congreso de la Unión, de las cuales resalta que solo una ha logrado concluir el proceso legislativo alcanzando su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, siento ésta la Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley 3 de 3), aunque los artículos 29 y 32 de esta ley, no se publicaron tal y como proponían las organizaciones de la sociedad civil que la suscribieron (Sesma, 2023: 191).
¿Por qué es una historia decepcionante si ha tenido más intentos y sin presupuesto gubernamental? Precisamente por eso: ha demostrado ser el instrumento que más ha suscitado interés de la ciudadanía. Además, la inversión gubernamental ha sido la más baja respecto de los otros dos instrumentos (consulta popular y revocación de mandato), incluyendo la próxima elección de jueces, magistrados y ministros.
¿Por qué la iniciativa popular no ha funcionado? Tiene varios puntos, el primero es que se requiere de un 0.13% del listado nominal, puede ser mucho o poco, pero representa casi 120,000 firmas, con todo lo que implica en términos de logística y costos. Esto lo podemos observar en el artículo 35 frac, VII de la Constitución política del país y en el Título Quinto (art. 130) de la Ley orgánica del Congreso general (LOCG).
La regulación es estricta. Si por alguna razón el porcentaje de firmas no se cumple por errores sólo se tiene hasta la conclusión del periodo ordinario legislativo para solventar esta situación, lo cual implica un plazo variable, pero corto bajo cualquier circunstancia (art. 131 1b). No se tiene justificación para esta disposición, se pudo establecer un tiempo razonable definido.
Por el contrario, hace falta el apoyo legislativo a la sociedad. Parece necesario que ante una inquietud ciudadana el área jurídica del legislativo pudiera asesorar en la redacción de la iniciativa para que tuviera los requisitos básicos y formales necesarios para su presentación (técnica legislativa, motivos, fundamentación, etc.). Además, sería conveniente un plazo máximo para dictaminar la iniciativa ciudadana.
Sentido de una iniciativa popular
Se podría pensar que una iniciativa popular no tiene mucha razón de ser, dado que sería más sencillo buscar a un legislador que la presentara como propia. En términos prácticos lo anterior es correcto, pero se trata más bien de la posibilidad de que sectores de la sociedad se movilicen y busquen colocar el tema de la iniciativa en la agenda pública, lo que permitirá que exista mayor interés de la ciudadanía en general y mayor fiscalización en el trabajo legislativo.
Así, la iniciativa popular debe encuadrarse en una forma de democracia directa, con lo que esto implica en términos de fortalecimiento de cultura jurídica y política, la generación de capital social (Robert Putnam), relación representante-representado, legitimidad para el gobierno y control para la ciudadanía.
El caso de Puebla
En el caso de la entidad federativa de Puebla (en donde vivo) todo este proceso es más difícil. De nuevo trataré de ser objetivo: nunca se ha presentado siquiera una inquietud para emprender una iniciativa popular. ¿Cuál es la razón? Parece ser muy sencilla, se requiere el 2.5% del listado nominal (art. 63 frac. V Constitución local). Así: se necesitan más firmas para una iniciativa popular en Puebla que para una nacional.
Además, existe una restricción para las iniciativas populares: no se puede tratar de temas fiscales y de régimen interno de poderes. Como referencia en la Ciudad de México (capital del país) se pide el mismo porcentaje que en el ámbito nacional, lo que me parece debe ser el límite superior.
Inclusive, lo ideal es regular la iniciativa ciudadana para temas municipales, en donde las firmas tendrían como destinatario el ayuntamiento (alcaldía o equivalente). Se ha visto que la democracia directa en los niveles de organización más cercanos tienen mejores resultados y presentan insumos relevantes para los ámbitos locales y nacionales.
Es evidente que se requiere de un cambio profundo y urgente.
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