Grecia Argel Camacho Domínguez, Alejandro Gallardo Rodríguez

y Luis Alberto Barradas Palmeros.

La Doctrina Estrada ha sido motivo de orgullo para la política exterior mexicana, pero hoy la ponemos en tela de juicio porque sus preceptos permiten una ejecución ambigua que ha agudizado nuestra dependencia hacia Estados Unidos y nos ha aislado de América Latina.

Esta doctrina debe su nombre a quien fuera Secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Pascual Ortiz Rubio: Genaro Estrada. En 1930, declaró que, entre otras cosas, la política exterior mexicana buscaría la neutralidad y el respeto a la autodeterminación de los demás países (ver aquí). Dicha política quedaría consagrada en el texto constitucional hasta la reforma al artículo 89 fracción X de 1988.

La Doctrina Estrada tiene un respaldo conceptual valioso. Se consideró una política que podía frenar diplomáticamente el imperialismo y el colonialismo de las potencias y, que al mismo tiempo, nos podía vincular con otros países bajo dichos principios. Con ella, México reconociéndose como afectado por el intervencionismo estadounidense y el colonialismo español, defendería con legitimidad histórica la autonomía de los pueblos. No obstante, es ambigua. En la práctica ocurre que esa ‘no intervención’ no alude al freno de la intervención de las potencias, sino que justifica la no intervención propia bajo una idea de neutralidad. Habiendo poderes imperantes, la neutralidad se traduce realmente en la permisividad de lo preestablecido.

Por ejemplo, cuando Lázaro Cárdenas en 1939 asiló a 460 niños de España pudo haberse respaldado en el no-intervencionismo que defiende la Doctrina Estrada. Pero en su lugar decidió posicionarse por propia iniciativa. Además de que la configuración internacional lo permitía, porque las potencias que solían ejercer presión sobre México estaban ocupadas cocinando la Segunda Guerra Mundial, esta postura también se puede defender desde la misma doctrina. ¿Cómo es que los mismos principios sirven para justificar dos posturas tan contrarias? Su interpretación es lo suficientemente ambigua como para que la narrativa elegida genere su justificación.

En este sentido, la Doctrina Estrada da para que el mandatario en turno decida qué tanto desea involucrarse en los acontecimientos internacionales. A pesar de que los resultados podrían resultar positivos, vale la pena cuestionarse la funcionalidad de dicha ambigüedad. Basta con voltear a ver el caso de la relación México-Venezuela. Desde la llegada de Chávez al poder, Estados Unidos ha sido insistente en que Latinoamérica le acompañe en su postura anti-chavismo. No obstante, acciones como el retiro de embajadores por parte de Fox; la comparación Chávez-López Obrador por parte de Calderón; y las críticas de Videgaray a Maduro en el periodo de Peña Nieto, dan muestra de que la Doctrina Estrada puede ser sencillamente burlada apelando a interpretaciones diversas del 89 constitucional.

En el caso actual, algunos de los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador han aseverado que la postura ‘neutral’ del nuevo gobierno ante las dictaduras venezolanas y nicaragüenses, recuperan el sentido de la Doctrina Estrada que sus antecesores habían dejado. Y podría ser cierto, sin embargo, olvidan que esta postura sirve para no interferir con los planes de intervención militar estadounidense. En otras palabras: si bien, la postura no apoya a Estados Unidos, tampoco le estorba. ¿Es la omisión una forma de no intervención? El debate conceptual podría tornarse complejo en ese sentido, y todo debido al estiramiento a conveniencia de estos términos. El rechazo al  intervencionismo estadounidense, como motor original de la doctrina, no está encontrando reflejo en ello.

Se reconoce que en la configuración geopolítica que determina la globalización, las hegemonías se establecen mediante el comercio. México destina el 80.2% de sus exportaciones a Estados Unidos. La dependencia es evidente y se manifiesta por el tipo de relación que detenta Estados Unidos, coercitiva, como las amenazas de sanciones económicas a México para que redujera el flujo migratorio de su frontera. En gran medida, eso explica por qué los mandatarios mexicanos han adecuado la Doctrina Estrada a situaciones que posicionen a nuestro país en una neutralidad conveniente para Estados Unidos. Por otro lado, eso también nos da luz para entender por qué Donald Trump logra descalificar con sorprendente fluidez a los migrantes mexicanos: no ve al presidente de México como su par, y esta Doctrina ha legitimado eso.

No es motivo de este texto proponer la nueva doctrina milagrosa que resolverá nuestros problemas de política exterior. No obstante, vale la pena reconsiderar la actual y explorar nuevas directrices que sean menos vulnerables al estilo del Secretario de Relaciones Exteriores en turno.

Muchas veces nos hemos preguntado sobre la manera de enfrentar la corrupción gubernamental en México, desde mi óptica es el problema más grave que tenemos, dado que mientras se mantenga afectará a todo lo demás, por ejemplo, si hace falta infraestructura carretera, de poco servirá que se le destinen recursos si serán aplicados en un entorno tan poco confiable. Lo mismo sucede con educación, salud, medio ambiente, etc.

Los modos de enfrentar la corrupción se han imaginado desde las perspectivas más diversas: eliminarla por decreto, reformas a leyes, contratar a personas honestas, regresar las clases de civismo, castigos ejemplares, más dependencias de gobierno, etc.

Normalmente esto tiene que ver con el voluntarismo y en el otro extremo la desesperación, no es para menos, mucho se ha perdido en esta búsqueda de respuestas y soluciones. Me parece válido en este proceso hacer una acotación: en ocasiones se olvida que la corrupción tiene su origen en la sociedad y de ahí se refleja en el gobierno.

Para decirlo de manera cruda: se tiene un gobierno corrupto, porque existe una sociedad corrupta, no encuentro evidencia empírica de que estos elementos puedan ir disociados. Lo de menos es responsabilizar al gobierno, pero me parece que entonces se estaría dejando en una minoría la responsabilidad de una sociedad.

En ese tramo, caminando con Rousseau, al ciudadano le deben interesar los asuntos públicos y el control de su gobierno, por lo cual está obligado a informarse y debatir en asambleas ciudadanas de todo tipo (L-III, C.XIV).

La tarea parece titánica (y lo es), pero no existen recetas fáciles: reformas legales que eliminen la corrupción por sí misma, líderes políticos, honestos y capaces que no requieran de la intervención reflexiva y activa de la sociedad, improperios hacia los corruptos que los hagan reflexionar y lo demás que la imaginación permita.

La corrupción es el gran negocio de unos pocos y la ilusión de muchos. Cuando una persona compra algo robado se siente inteligente por el beneficio inmediato, pero se vuelve difícil siquiera sospechar los efectos de mediano y largo plazo. Lo mismo sucede con la compra de piratería o la entrega de un soborno.

Lo que le queda a la sociedad es reconocer la inviabilidad de la corrupción, no se trata de evitarla por ser un “alma buena”, sino porque no existe país que, teniéndola en grado superlativo, sea al mismo tiempo una nación desarrollada, no hay teoría que pudiera al menos suponer algo por el estilo.

Para decirlo en términos directos: la corrupción es más producto de la ignorancia, quiebre y desesperación social que, de la perversión de un sector como el gobierno o los empresarios, lo cual tampoco se niega.

Se podrá alegar que estando el país como se encuentra es difícil o imposible llamar a la población a que haga un voto de honestidad, es cierto, aunque pareciera no existir otra salida. Se puede argumentar que debe empezar el gobierno y los sectores más favorecidos, puede ser, pero cada ciudadano tendrá que asumir parte de la responsabilidad.

Una forma de iniciar este proceso me parece que es la implementación del Servicio Profesional de Carrera (SPC), con esto me refiero a que los funcionarios públicos (en su gran mayoría) deben acceder a sus puestos por medio de una convocatoria pública, cubriendo un perfil y aprobando exámenes; para efecto de que su ingreso, egreso y promoción sea conforme a procedimientos definidos legal y administrativamente (ver cap. 5).   

Actualmente, en general, se tiene un sistema que Weber denominaría de Despojo (spoils system), esto es, las campañas políticas son una guerra en donde el ganador se lleva un botín que incluye la mayor parte de las posiciones de los funcionarios públicos de la administración de que se trate.

Lo que implica pérdida de conocimiento institucional, curvas de aprendizaje continuas, personas no aptas para determinados puestos, funcionarios públicos vulnerables ante actos de corrupción, etc. Con las consecuencias que se pueden prever.

En el nivel federal se han hecho los mejores intentos para implementar el SPC, me parece que la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional Electoral son de las mejores experiencias. Por supuesto que tienen aspectos observables, pero finalmente representan casos en los cuales se muestra que en México se pueden tener condiciones superiores que con el sistema que prevalece.

La pregunta obvia es: Si es tan adecuado el SPC ¿por qué no se ha ampliado su uso? La respuesta es simple, porque no le conviene a la clase gobernante y la ciudadanía no lo tiene en la agenda pública.

Continuado con la imagen de la batalla, ¿cómo es que puede reclutar a tantos “guerreros” un candidato competitivo?, en buena medida bajo la promesa implícita o expresa de tener un beneficio que en varios casos se traduce en la aspiración a un puesto en el gobierno. Prisioneros de guerra serán «sacrificados» en aras del cumplimiento de favores, no puede ser de otra forma.

Pero el drama no termina ahí, el nuevo funcionario ya en ejercicio se encuentra entrampado, ante un hipotético desacato por no acceder a un acto de corrupción ordenado por sus superiores, seguramente tendrá que olvidarse de su empleo; pero si llegara a mantenerse y realizar un buen trabajo, con la llegada de la nueva administración, en tres o seis años, traerá un sello que opacará su desempeño, por tanto, disminuyendo sensiblemente sus posibilidades de conservar el puesto.

Esto que comento es en el mejor de los casos, por otro lado, está el funcionario público que mediante el despojo ve una oportunidad de cometer actos de corrupción, de mayor o menor tamaño, sabiendo que su permanencia depende de muchos factores, siendo uno más su desempeño.

Está claro que la ciudadanía no se encuentra beneficiada con una situación como ésta, lo que deseamos es que los puestos del servicio público sean ocupados por los mejores perfiles, en donde los funcionarios encuentren beneficios y sanciones en correspondencia a sus actos. Lo que redunde en una burocracia profesional.

Es cierto que el SPC ya ha provocado críticas en países que lo han utilizado desde hace mucho tiempo, pero debe en todo caso abrirse el debate de si para nuestras circunstancias es lo adecuado. Desde mi perspectiva claramente debe ser implementado.

Ahora, se debe tener claro que ninguna medida puede ser eficaz si no tiene el interés de por lo menos un sector de la sociedad, esta no es la excepción. Creo que podemos pensar en informarnos sobre el tema e ir colocándolo en la discusión social. No será fácil, pero para como estamos, nada lo será.

Hasta pronto.

¿Por qué el gobierno necesita anunciarse?… ¿vende?, ¿compra?, ¿informa?

La publicidad gubernamental tradicionalmente ha sido vista como una forma de incidir en las voluntades de los medios de comunicación, existe el riesgo de generar por lo menos un conflicto de interés: entendido como una situación externa que afecta la objetividad en el desempeño de la actividad principal de una persona u organización.

¿Por qué es así? pensemos en que si un medio de comunicación recibe dinero de un área de gobierno le costará mucho exponer críticamente una situación que afecte negativamente a este cliente, el resultado será en la mayoría de los casos una autocensura.

En el mismo sentido, cuando ese comprador gubernamental le pida que introduzca una cobertura noticiosa que beneficie su imagen o fortalezca su presencia seguramente tendrá que aceptar en función de los beneficios económicos que recibe.

Este tema ha salido nuevamente a debate porque el gobierno federal y luego requerido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) han mostrado los gastos en el tema ejercidos por la administración federal pasada.

Esto ha causado indignación, recriminaciones, defensas, argumentos, etc. Pero lo cierto es que como muchos otros tópicos corre el riesgo de quedar en el olvido ante la vorágine noticiosa que siempre nos acompaña. No debe ser un tema que quede en el reclamo abstracto. Tampoco se puede permitir el linchamiento mediático, que sólo sirva para dar espectáculo.

El tema se complica aun más si tomamos en cuenta que la regulación jurídica para la asignación de publicidad gubernamental es sumamente laxa en la Ley General de Comunicación Social cuya entrada en vigor fue hasta este año.Esta norma fue aprobaba luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante un amparo promovido por una organización de la sociedad civil (OSC), Artículo 19 obligara al legislativo federal dado que dicha ley reglamentaria del artículo 134 de la Constitución (CPEUM) se había omitido.

El resultado no fue precisamente el mejor, por ejemplo, en el art. 4 se establece una Secretaría Administradora, que es la de Gobernación o equivalente en estados y municipios, como su nombre lo dice regulará el gasto y asignación de esta área. No hay mucho que decir ante tal circunstancia.

Lo que se requiere actualmente no sólo es bajar el gasto de publicidad gubernamental y transparentarlo en el ámbito federal, que es adecuado, se demanda de una regulación que determine las necesidades informativas del Estado, por ejemplo, dar a conocer una campaña de vacunación, explicar en donde se encuentran albergues ante determinados siniestros, pedir la colaboración ciudadana ante una contingencia, explicar la manera de separar la basura doméstica y las posibilidades de reciclaje, etc.

Lo que es inadmisible son las notas personales en los denominados informes de gobierno o que tal dependencia «rinda cuentas» de sus logros. Ambas acciones me parecen válidas, pero para ello existe la evidencia de los resultados ante la ciudadanía y otros medios gratuitos como las redes sociales. Y todos los actores políticos teniendo la misma situación generaría equidad entre ellos.

Estamos ante la necesidad de tener además de lo anterior, elementos objetivos (circulación, público, tiraje, alcance, perfil, etc.) para la contratación de medios que faciliten la comunicación social que se requiera, debiendo ser seleccionados en igualdad de circunstancias y de manera pública. También es necesaria la implementación de políticas afirmativas como la contratación de medios locales, bajo la lógica de aportar a la diversidad y la independencia.

No se debe olvidar que esta discusión está centrada en el ámbito federal y de alguna forma quedo expuesto y por lo tanto ha tenido cierto control, este tema se reproduce en los niveles estatales y municipales. En donde ahí sí, la mayor parte de las situaciones viven en medio de la opacidad en el mejor de los casos.

El tema tiene una enorme complejidad porque implica a la calidad de la información, la regulación gubernamental y la autoregulación de los medios. Es difícil avanzar en una sola de esas pistas.

Bueno, pues ya empezamos… a caminar.

Este espacio está pensado para analizar temas y notas sociales desde un enfoque diverso, basado en el respeto y la objetividad (esta última hasta donde dé). Se parte de la convicción de que el capital social son el gran activo que tiene toda comunidad.

Nadie puede resolver lo que nos toca hacer, un ciudadano se informa y actúa, con todos los límites y características que se desee, no podemos desconocer una realidad que hace que las prioridades estén en la manera de ganarse la vida, lo que dificulta las actividades que siendo valiosas no corresponden a lo inmediato.

Informarse puede ser simplemente no dar en automático reenviar a una nota para verificar su autenticidad, actuar es no contribuir a una situación concreta de corrupción. En la cotidianidad es en donde se crean las grandes transformaciones.

El objetivo es que podamos discutir temas concretos que nos hagan plantearnos y replantearnos hechos relevantes para decidir en nuestro ámbito de acción.

Nos jugamos mucho en desarrollar nuestra capacidad de comunicar, las condiciones actuales nos dan muchas oportunidades y representan al mismo tiempo grandes riesgos. El celular y las redes sociales, por ejemplo, han cambiado para siempre nuestra interacción social, pero al final son sólo herramientas que hacen transitar datos.

Lo verdaderamente importante son los seres humanos y su capacidad para tener una relación armoniosa con el medio ambiente.

José Luis Mendoza Tablero