Si todos decimos que el federalismo es lo mejor, ¿por qué terminamos casi siempre en el centralismo?

¿Acaso no es mejor que las decisiones públicas se tomen en el ámbito más cercano de afectación?

¿Buscamos la mayor interacción posible entre gobierno y sociedad?

Pero el federalismo no termina de implementarse ¿Qué falla?

Hagamos un poco de historia

México ha sido un país centralista con apariencia federalista y el ámbito electoral no es la excepción. Todos hablamos de las bondades del federalismo, pero pareciera que hay una necesidad centralista. En algún momento fue el miedo a la fragmentación, después fue el deseo de control, en algunos momentos se justifica en la eficacia de un gobierno nacional.

La historia de este país da cuenta de esa paradoja, desde la Constitución de 1824 (CNDH, s/f), la federación ha significado toda una narrativa histórica y cultural. Pero en el momento de hacerse realidad se presentan los inconvenientes; eso se puede ver en el ámbito fiscal, educativo, seguridad pública, etc.

Ante la reforma constitucional electoral de 2014 (TEPJF, s/f), las elecciones se han centralizado en el Instituto Nacional Electoral (INE). Situación que se agudiza ahora que las elecciones federales y locales se llevan al mismo tiempo (concurrentes).

Bajo esta situación es necesario analizar el papel que desempeñan los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) (Congreso de la Unión, 2018).

Tesis

Las ideas principales que sostengo son:

– El federalismo implica que entre más y en cercanía se tomen las decisiones es mejor.

– Los OPLE son inviables en las condiciones actuales.

– El camino para ellos es darles fortaleza mediante autonomía, labores crecientes y recursos adecuados.

– Aunque la tentación de algún sector es simplemente desaparecerlos. Eso es el espejismo del resultado fácil.

El federalismo en una historia cotidiana

Hagamos un símil, en una colonia o fraccionamiento se elige a un comité de vecinos, no obstante, en el cuerpo representativo se forman dos grupos:

• En el primero están los que tienen mejores condiciones, por diversas situaciones, lo que les permite más tiempo en las tareas vecinales, intervenciones más relevantes, mejor conocimiento de las dinámicas gubernamentales, etc.
• El grupo dos es un tanto disperso y heterogéneo, no tienen mucho tiempo disponible, aportan menos a las funciones del comité, conocen menos de las organizaciones, etc.

Aquí es necesario valorar hasta qué punto tiene sentido hacer un esfuerzo para que el grupo dos tenga un mejor desempeño. Inicialmente se puede pensar que simple y sencillamente hay que hacerlo, pero eso implica tiempo y recursos. Además, se duda de que el resultado será positivo.

Así, se prefiere tomarlos en cuenta lo mínimo, para no saturarlos, pero la labor y toma de decisiones la hace la fracción con las mejores condiciones. Lo grave es que estos vecinos del segundo grupo sí tienen potencial, o al menos eso sostengo.

Esto está pasando entre el INE y los OPLE.

El federalismo es lo mejor

Empecemos por el principio, las elecciones han tenido un recorrido por demás complejo, apenas si se puede hablar de ellas como ejercicio ciudadano en el siglo XIX; a finales de esa época, durante el Porfiriato, son más bien una ceremonia autoritaria.

En la primera mitad el siglo XX, los comicios sirven para justifican a quien tiene el poder militar; posteriormente, en palabras de Manuel Pérez Treviño: se sacrifica el derecho a votar libremente por el principio de no reelección (Carpizo, 2002:57); de alguna manera, habla de un país sin cultura política que necesita de arreglos elementales en la cúpula.

1988, un parteaguas, una elección con poca legitimidad y nace en 1990 el Instituto Federal Electoral (IFE), lo que ahora conocemos como INE, la organización de las elecciones recae en un organismo independiente, que deriva en una institución autónoma.

En las entidades federativas se busca una fórmula similar con resultados diversos, aunque con el nuevo papel de los ejecutivos estatales, los institutos locales electorales en buena medida son convertidos en ejecutores gubernamentales. Se llega a creer que las elecciones locales están comprometidas.

La solución en 2014 es simple: darle más atribuciones al nuevo INE. Asimismo, se quita poder a los gobernadores en la designación de los integrantes de los OPLE, siendo ya una atribución del Consejo General del INE (art. 44, g LGIPE). No obstante, los recursos para su funcionamiento los siguen aportando las entidades federativas, lo que nunca deja de lado las injerencias directas e indirectas.

El resultado en perspectiva es positivo, las elecciones federales gozan de legitimidad, con todos los asegunes que se quieran poner en una clase política y una sociedad con mucho por caminar en la cultura cívica.

El resultado federalista: tenemos unos organismos locales que tienen pocos recursos y atribuciones que con elecciones concurrentes expone crudamente la situación. Esto porque cuando las elecciones se daban por separado los organismos locales afrontaban sus comicios, pero ahora que se llevan al mismo tiempo tienen un papel secundario (Santiago, 2018: 73). En el artículo 41 constitucional fracción V, apartado B observamos las atribuciones del INE en elecciones concurrentes:

• Capacitación electoral, geografía electoral, padrón y lista de electores, ubicación de las casillas y designación de los funcionarios de mesas directivas.

Este primer grupo de funciones son la esencia de la relación con los ciudadanos.

• Programa de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales.

Este segundo agrupamiento son elementos complementarios y administrativos que permiten darle certeza a las elecciones.

• La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos.

Finalmente, tenemos la relación con los actores políticos en competencia.

Como se puede observar lo que resta para los OPLE es mínimo, de acuerdo con el Apartado C de la misma disposición: Prerrogativas de los candidatos y partidos políticos, Educación cívica, Actos de Preparación de la jornada electoral, así como actividades complementarias para las elecciones locales.

Regresemos a nuestra historia de los vecinos que no se terminan de integrar al comité de la colonia. El problema es que hacen poco y se convierten en una incomodidad, quizá no cueste mucho mantenerlos a un lado, pero la pregunta obvia es: para qué. El punto es si esto es valioso y si no se pueden convertir en un problema mayor. ¿Vale la pena ese esfuerzo?

En este caso, necesito ser tajante, sí. Al menos si pensamos en que el federalismo es lo más adecuado como forma de organización en el ámbito gubernamental. Me parece que seguir sobrecargando al INE de labores es un peligro. También se equivoca, tiene presiones y se juegan intereses. Es lo más normal.

Las organizaciones entre más grandes más complejo se hace su accionar y adaptación a los cambios. Evidentemente estamos en un error, lo mejor es capacitar y motivar a los demás actores para que la labor sea más sencilla, pero sobre todo para que tenga sentido la colectividad, en nuestro caso se trata de la federación y de sus estados.

¿Y si no pueden?, ¿y si los gobernadores de nuevo interfieren? En este caso. No existe, no debiera existir un adulto que dirija a los infantes, eso es inadecuado por donde se le vea. Las entidades federativas deben asumir responsabilidades sobre sus autoridades electas. El principio es simple: hagamos las elecciones entre más, tomando decisiones cerca de donde se verán los resultados.

Sí, la democracia se consigue involucrando a la gran mayoría, generando capital social en términos de Robert Putnam eso es confianza, reciprocidad y redes (Urteaga, 2013). Las elecciones necesitan ser algo cercano a la ciudadanía. Atender a sus particularidades, recuperar sus fortalezas y darse con la mayor legitimidad posible.

El dilema entonces es entre la facilidad operativa que garantiza el INE y la necesidad de legitimidad ciudadana de un federalismo electoral.

Ruta para el fortalecimiento de los OPLE

• Hay que reconocer que lo mejor es un federalismo electoral. Es necesario debatir sobre la trascendencia y aplicación de este.
• Establecer criterios mínimos de financiamiento para los OPLE, para que sea un referente.
• Con base en el punto anterior, definir una asignación presupuestal constitucional, como la tienen los partidos políticos que permita una autonomía efectiva.
• Impulsar el servicio profesional electoral en las entidades federativas. Las ventajas ya se han mostrado en el propio INE, pero también en otros ámbitos como la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin embargo, esto se enfrenta a los intereses de la clase política que lo ve como una limitante a lo que Weber llama el sistema por despojo (1919).
• Transferir atribuciones del INE a los OPLE, iniciando con las elecciones intermedias en las cuales sólo se escogen diputados federales y la mayoría de los cargos son estatales.
• La selección de los consejeros de los OPLE debe darse en una combinación de intervención estatal y del INE. Una parte puede hacer las ternas y la otra definir. Ya tenemos experiencias de cómo irlo haciendo mejor en ese tema.
• Se deben trasladar las funciones de asignación y monitoreo de tiempos en radio y televisión. Si bien es una parte más técnica, por eso la pongo en el tramo final.

Análisis, debate y decisiones demandan atención

Seguramente esto se llevaría aproximadamente dos periodos de elecciones: seis años. Sería una primera etapa de fortalecimiento de los OPLE, con la cual realizar una evaluación de resultados, definiendo áreas de oportunidad e inclusive redefiniendo objetivos.

En nuestra historia. Ayudemos a los vecinos y con ello a la colonia.

Sé que esto puede parecer complejo, lo es. En cualquier caso, siempre queda la opción de simplemente desaparecer a los OPLE que fue un tema ya debatido en la reforma 2014 (Vázquez, 2015: 303). No valoro que sea lo más adecuado, pero hasta eso, sería mejor que esta situación intermedia.

Como en cualquier asunto de trascendencia implica definición y costos. Es necesario asumir las responsabilidades, seguir esperando es innecesario, por decir lo menos.

La clase política tiene la palabra y los ciudadanos somos corresponsables.

Nota: Les dejo la versión original de la charla https://youtu.be/9n0IPTbQRl4

Fuentes

Congreso de la Unión (2018) “¿Qué son los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE)?”, Canal del Congreso. Noticias. 01 de Julio de 2018. México. Disponible en: https://www.canaldelcongreso.gob.mx/noticias/11121/Qu_son_los_Organismos_Pblics_Locales_Electorales_%28OPLE%29%3F#:~:text=Funciones%20de%20los%20OPLE&text=%2DGarantizar%20los%20derechos%20y%20el,y%20producir%20los%20materiales%20electorales.

Carpizo, Jorge (2002) El presidencialismo mexicano. Siglo XXI. México.

CNDH (s/f) Promulgación de la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. CNDH, México. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/noticia/promulgacion-de-la-primera-constitucion-federal-de-los-estados-unidos-mexicanos

LGIPE (2020) Ley general de instituciones y procedimientos electorales. Última reforma 13/04/20.

Santiago Castillo, Javier (2018) “Los organismos públicos locales ante el nuevo modelo de organización electoral en México”. Revista Mexicana de Estudios Electorales. Somee, Volumen 2, número 19, (enero–junio): 59–82. Disponible en: https://somee.org.mx/rmestudioselectorales/index.php/RMEstudiosElectorales/article/view/225/pdf

TEPJF (s/) Reforma constitucional en materia política-electoral 2014, TEPJF – CCJE. México. Disponible en: https://www.te.gob.mx/consultareforma2014/node/2898

Urteaga, Eguzki (2013) “La teoría del capital social de Robert Putnam: Originalidad y carencias”, Reflexión Política, vol. 15, núm. 29, junio, 2013, pp. 44-60 Universidad Autónoma de Bucaramanga. Bucaramanga, Colombia. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/110/11028415005.pdf

Vázquez Mata, Marisonia (2015) “Apuntes para el fortalecimiento de los organismos públicos locales electorales en el contexto de la reforma constitucional de 2014”. Justicia Electoral, Núm. 15, ISSN 0188-7998, Cuarta Época, Vol. 1, enero-junio 2015. Pp. 281-307. Disponible en: https://tecnologias-educativas.te.gob.mx/RevistaElectoral/content/pdf/a-2015-04-015-281.pdf

Weber, Max (1919) “La política como vocación”. El Político y el científico. Disponible en: http://www.hacer.org/pdf/WEBER.pdf

Una sociedad se mide por la forma 

en que trata a sus seres más débiles.

No imagino que existan seres humanos más vulnerables que los niños en situación de calle: masculinos, femeninos, indígenas, urbanos, migrantes, etc. Lo increíble es que parecieran no existir para la sociedad y menos para la clase política.

Están ahí, en las esquinas de las avenidas haciendo malabares, cantando, pidiendo limosna, vendiendo dulces, etc. desde temprano hasta tarde, ante la vigilancia de sus explotadores. Sin futuro, sin presente. Frente a todos, pero invisibles. Como si se tratara de un capítulo de Black Mirror, en esta distopía la gente mira sus celulares mientras pasa frente a una realidad insultante.

Estos niños tal vez mueran por el uso de inhalantes, podrán llegar a ser victimarios de otros menores, tal vez sean delincuentes. Difícilmente tendrán oportunidad para convertirse en algo positivo para ellos o para la sociedad que los ve con disimulo, fastidio, pena o asco.

La mayoría de la ciudadanía miramos por el interés propio en medio de los problemas cotidianos, sin un margen mínimo de capital social. Apenas se puede sobrevivir como para pensar en arreglar al que está más allá de nosotros. Terrible, pero comprensible.

En cuanto al gobierno se torna peor, no pueden hacer algo porque… ¡No votan! Esto es, no forman parte del mercado político en donde se intercambian votos por promesas de campaña, este espacio que de por sí es extraño y complejo para Douglass C. North (sec.II) muestra una de sus peores caras.

Cuando se ofrecen acciones gubernamentales para niños se piensan en sus padres como objetivo clientelar. Así se pueden dar becas, uniformes, computadoras, desayunos, etc. Pero en este caso no existe esa posibilidad, para convencer a sus guardianes se requieren de otro tipo de acciones.

De hecho, las únicas acciones (no políticas públicas) que verán estos menores en el horizonte serán ridículos pero populares aumentos de penas, propuestas para disminuir la mayoría de edad, criminalización y estereotipos.

Para estos niños no existe convención, constitución política, ley o cosa por el estilo que los pueda amparar. Una educación precaria sería un lujo que casi ninguno de ellos se dará. Por lo que la Agenda 2030 no forma parte de su realidad. Esto llama la atención, porque los derechos de los niños se han popularizado en el discurso, en las escuelas, formalmente en las sentencias judiciales, en el imaginario social se presenta de las formas más diversas que (incluso diría) han llegado a los excesos, con eso y todo, que bien. Sí, pero no para ellos.

A ellos les reservamos un reportaje en Los demonios del Edén, un papel en Quisiera ser millonario, una canción en Niño sin amor o una composición para mamá de Paquito. ¿Quién podría reclamarles un odio social?, ¿Cómo explicarles que en nuestras prioridades colectivas no tienen importancia?

En una mirada a la Ciudad de México, Guadalajara o el Estado de México en esencia vemos como crece y se hace más complejo el problema, cuando ya de por sí los niños en general no la pasan bien en este País. En América Latina sucede otro tanto: Lima, Buenos Aires o en las regiones de Chile. Aunque no sólo es un problema urbano.

Me parece que como sociedad debemos priorizar lo que debemos enfrentar, entiendo que nuestro problema más serio están en la Inseguridad Pública (p.3), para resolverlo se pueden intentar muchas cosas: comprar armas, capacitar policías, ampliar o mejorar las cárceles, instalar más cámaras de vigilancia, ofrecer recompensas por delincuentes, etc.

Pongo a consideración de la manera más egoísta que dentro de las medidas cruciales que no existan niños en situación de calle, mediante la instalación de albergues en donde reciban educación, cuidados, servicios de salud y lo necesario para su desarrollo hasta alcanzar la mayoría de edad.

Se requiere sensibilizar a una población que dice querer dejar de discriminar, pero se ensaña con este sector. Es necesario recordar que son nuestros niños, por tanto, habrá que cuidarlos ¿cuánto cuesta implementar eso en todo el País? Mucho, sólo eso.

Pero creo que va antes que un peso en publicidad gubernamental, cualquier prestación a funcionarios de alto nivel, el haber de retiro o su equivalente en exceso, el pago fuera de periodo ordinario a un legislador, un monumento, las luces en una fiesta patria y un largo etcétera.

No es cuestión de dinero, se trata de voluntad política. Es poner en la discusión pública este tema y que pueda permear en la agenda política derivando en acciones concretas.

Pero si fuera un lujo una política pública de esta magnitud, sería un honor. Ya nos hemos dado muchos: Salvamos banqueros, recomprando carreteras concesionadas, perdonamos impuestos a los que más tienen, líderes de organizaciones que no pueden justificar su riqueza, aportaciones gubernamentales que no se pueden supervisar, etc.

Aunque pensándolo bien, me parece una utopía, mejor nos vemos en la próxima publicación.

Introducción

Los problemas sociales se agolpan de manera compleja en México, es difícil obtener rutas por donde transitar para romper círculos viciosos. En el caso de la Educación no es la excepción, abordar la temática nos lleva a varias dimensiones, en este esfuerzo el documento está divido en tres partes:

Primero, se analiza la situación de la educación en Puebla, apreciando que la instrucción formal presenta un rezago en los indicadores básicos; pero de manera especial, un desfase creciente respecto de una sociedad que reclama habilidades o conocimientos dinámicos y cambiantes.

Segundo, con relación a la Educación Superior se destaca la falta de cobertura al no llegar al 40%, esto implica una deuda social grave, que en buena parte se explica por los altos costos involucrados.

Tercero, ante este panorama se requiere de una política pública consistente que entienda la dimensión del problema y considere a la educación superior en línea como una opción con características que dan muchas oportunidades, pero también retos formidables. Esto sólo puede ser posible con un proceso de discusión y acercamiento con diversos actores sociales.

1.- La educación institucional: retraso y desfase

La educación entendida como instrucción formal ha tenido retos por demás complejos desde hace mucho tiempo. En un primer momento tienen que ver con los ámbitos tradicionales de cobertura, eficiencia terminal, calidad, para llegar hasta su propia pertinencia.

Esto quiere decir que no terminamos de mejorar en los conocimientos y habilidades básicas, ni en la deserción en el nivel medio superior, lo que es bastante serio. Además, estamos lejos de entender el tipo de educación que impulsamos, esto implicaría una discusión de cómo nos vemos como sociedad, los valores que defendemos y sobre todo de qué manera nos visualizamos en el mediano y largo plazo.

Estos retos son relativamente fáciles de entender, pero verdaderamente difícil de resolver, requieren recursos de lo más variados (humanos, económicos, tecnológicos, etc.) el diseño de un modelo educativo, voluntad política, participación social, sindicatos, dinámicas burocráticas y un largo etcétera.

En el caso de México y concretamente de Puebla, el panorama es de un atraso consistente, por ejemplo, la escolaridad promedio es de 8.5 años digamos secundaria incompleta, inferior a la media nacional. Lo que tampoco es un referente por seguir.

Casi una quinta parte de la población estatal está en rezago educativo, de nuevo superior a la media de la Federación. Eficiencia terminal y la cobertura están dentro de los rangos medios, en el primer caso se observa un decrecimiento constante que llega hasta el 74% en la educación media superior.  La cobertura de nuevo es decreciente hasta llegar al 84% en la educación media superior.

Pero, aquí me detengo: la cobertura en el nivel superior llega a un poco menos del 40%, esto es, ni la mitad de los que ingresan a bachiller o equivalente acceden al último nivel de escolaridad.

Esto es grave y tiene diversas explicaciones, los jóvenes pueden sentir que la educación no les dará algo valioso, por falta de medios (principalmente económicos), no superar un proceso de admisión, miedo a la inseguridad pública que evita cambiar de residencia, razones culturales, etc.

No se habla de cualquier tema. Es un asunto de la mayor relevancia, tanto el gobierno federal (Eje 2, Política Social) como local (Eje 4, Disminución de las desigualdades) valoran en sus planeaciones gubernamentales la importancia del tópico.

En los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, también se considera (Numeral 4) “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. 

Definitivamente no es necesario discutir mucho la situación educativa de Puebla y México, mucho menos la relevancia de este asunto, además considero que esto se puede hacer extensivo a la mayor parte de América Latina.

2.- La educación en línea en el nivel superior

Ante este mosaico, me dirijo a la Educación Superior. Una mínima parte de las escuelas son de este sector, concretamente en Puebla no llegan al 4%, la explicación es simple: las inversiones son cuantiosas, en promedio cada alumno de nivel superior requiere el doble de recursos que uno del nivel inmediato y cuatro veces con relación a la primaria.

Además, se requiere de docentes especializados, de otra forma se estarían impartiendo asignaturas por quienes no tienen el perfil, lo que lamentablemente sucede en la actualidad en mayor frecuencia de lo que se pudiera pensar.

Una escuela de este nivel también implica ponderar las necesidades regionales y la demanda educativa, las que no son siempre compatibles. Cobra sentido entonces la dificultad de generar una cobertura adecuada.

Viene entonces una pregunta evidente ¿Cómo resolver esta falta de educación superior inclusiva, equitativa y de calidad? De manera directa, diré que a través de la educación en línea.

Tiempo y espacio

Más allá de que la educación en línea es una tendencia mundial, me parece que debe atenerse a dos elementos que han sido limitantes durante toda la historia, me refiero al tiempo y al espacio.

Siempre ha sido un determinante el intervalo que me lleva ir de mi domicilio a la escuela, lo cual puede ser de lo más variable. Puede marcar la diferencia entre cursar o no una licenciatura o ingeniería.

La otra dimensión del tiempo es que mucha gente no puede estudiar porque tiene disponibilidad ciertos días y horarios que no son compatibles con las opciones educativas de interés.

El espacio lo relaciono con el hecho de dónde vivo, dónde trabajo y dónde estudio, estos elementos no alineados pueden ser un gran obstáculo. Lo que llevaría a hacer que esos territorios se encuentren en la misma localidad o por lo menos muy cercanos.

Pero existe otra dimensión espacial, un salón de clases tiene un cupo físico, ya sean 20, 50 o 100 lugares, pero definitivamente existen límites. Esto explica, entre otros factores, que ciertas universidades públicas no puedan aceptar más estudiantes.

Inversiones flexibles

Algo que tiene la Educación en línea es que puede disminuir los costos de inversión o hacerlos más dinámicos, me explico, la infraestructura tal cual de una universidad presencial puede verse afectada por muchas razones lo que haga inviable continuar con ciertas áreas o inclusive toda la escuela, lo que implicará que los recursos destinados prácticamente no puedan redirigirse.

En la educación en línea las inversiones pueden ser fuertes, pero se realizan en software, plataformas, contenidos, capacitación, equipo de cómputo, red de banda ancha, etc. La mayor parte se puede redireccionar o tiene uso diverso.

El otro punto destacable de la educación en línea es la reproducción de contenido que llega a valores cercanos a cero en costos e instantáneo en tiempo.

Tradicionalmente hemos visto como la compra de material puede ser un obstáculo para muchos estudiantes, principalmente por los costos, pero en ocasiones tiene que ver con el lugar de compra, la existencia de ejemplares y hasta los tiempos de distribución.

Claro, no todo es reproducción, también se requiere de exposición personalizada, asistencia educativa y técnica, seguimiento, etc. Pero está claro que ahí ser tiene una gran área de oportunidad.

Educación continua

De manera especial quisiera pensar en la educación continua, lo que es una necesidad y un derecho humano, por lo que he considerado el trabajo y la escuela como elementos asociados, más allá del posgrado común (especialidad, maestría y doctorado) cada vez más se requiere de certificaciones, diplomados, cursos, talleres, etc.

Debemos reconsiderar nuestra visión de la escuela, pensarla como un proceso dinámico para toda la vida. Aunque de ser así, nuestras necesidades en el nivel medio superior estarían creciendo exponencialmente, colapsando lo que ya estaba rebasado.

Las vertientes de la educación continua son muchas, existen historias de personas que no pudieron en su momento realizar los estudios con los que soñaron por las más diversas razones. Ahora se puede cumplir con ello, si se facilitan las condiciones de tiempo y espacio.

Es un lugar común hablar de analfabetas digitales, la necesidad de aprender idiomas, desaprender y aprender, desarrollo de habilidades y un terminable etcétera. Lo que sin duda representa dar condiciones para insertarse en las nuevas condiciones laborales y sociales.

Por otro lado, existen quienes tienen inquietudes nuevas y eso los lleva a buscar estudios de fotografía, literatura, marketing, moda, cocina, dirección de personal, finanzas y de nuevo un impresionante etcétera. Esto se puede mirar desde el complemento personal, la generación o mejora de negocios mediante recursos humanos con mayores capacidades y habilidades.

Pero la atención todas estas necesidades debe darse mediante servicios accesibles y de calidad. Además, se requiere del mayor reconocimiento de estos estudios, como pudiera ser un título universitario. Está claro que la educación en línea será un actor preponderante.

3.- Una política pública necesaria para la educación superior en línea

En este año de 2020 quedo de manifiesto que el futuro nos alcanzó todos sabíamos que la educación en línea era el futuro para bien o para mal, pero nos llegó como un presente demoledor: es evidente la falta de capacitación, recursos, infraestructura y sobre todo la desigualdad social que lleva a un uso sumamente diferenciado de esta modalidad educativa.

No se puede olvidar que de manera consistente el medio rural y urbano reciben educación de diferente calidad. Lo que es una deuda histórica que debe saldarse lo más pronto posible, esta vía me parece que forma parte de ese compromiso.

Estoy convencido de que estas acciones no deben, no pueden, ser llevadas a cabo sólo por el gobierno, se requiere del concurso de diversos actores políticos nacionales e internacionales. Lo que implique una política pública en toda la extensión de la palabra partiendo de una necesidad social que requiere ser analizada y ponderada para dar una respuesta factible que sea socialmente rentable, en donde se especifiquen recursos, procedimientos y evaluaciones para darle certeza y confianza a la sociedad que se involucra de diversas maneras.

De manera concreta, las inversiones deben darse en:

• Infraestructura de banda ancha y salas multimedia públicas.
• Subsidio y financiamiento individual o grupal de equipos de cómputo y acceso a internet.
• Curación y elaboración de contenidos.
• Capacitación para docentes, estudiantes y público interesado.
• Incentivos al sector educativo, sociedad civil y a la iniciativa privada.

Calidad y transparencia

El cuestionamiento más serio que he visto frente a la educación en línea tiene que ver con su calidad, casi de inmediato se asocian los términos de manera negativa y lo que debe entenderse es que se trata de una modalidad con características especiales que da oportunidades y retos, nada más y nada menos.

La calidad, por tanto, debe ser referencia de este tipo de educación, lo que implica contenidos, docentes y seguimiento, en un primer momento. Aquí aparece una gran aliada que es la transparencia, se debe entender que esta educación permite el uso de plataformas que sean de acceso para amplios sectores de la población de tal manera que se puedan observar trabajos, presentaciones, defensas, etc.

Debe tenerse en cuenta que hay opciones académicas mucho más propicias que otras, algunas seguramente tendrán que esperar, otras tendrían que dar en modalidad mixta, unas más tendrán requerimientos específicos a cumplir, etc.

Todo este esfuerzo necesita de instrumentos, normativos, administrativos y operativos, por decir lo menos, es un mundo de trabajo que pone a prueba la visión de que una política pública en esta área tiene un saldo sumamente positivo en viabilidad y rentabilidad social.

Pero sobre todo pone a prueba la visión del gobierno y la sociedad para aportar a medidas que rompan los círculos viciosos de la desigualdad y de la pobreza, sabiendo que no todo tiene que ver con educación, pero si una parte relevante.

Se podrá decir que nunca se ha tenido dinero y ahora menos en medio de una pandemia; es cierto, por eso se requiere pensar bien a dónde se van a dirigir los recursos escasos, me parece que esta es una excelente opción.

Este gobierno, el pasado y el que vienen privilegiarán unos aspectos sobre otros, lo que me lleva a la convicción de que el elemento fundamental para que lo plateado prospere es la voluntad política.

Muchas gracias.

Nota: Este artículo procede de mi participación en el Ciclo de conferencias 2020 Hacia una nueva conciencia. Organizado por el Instituto de Administración Pública – Puebla y el Congreso del Estado. Julio 2020

Todos los datos a menos que se indique lo contrario están tomados del Plan Estatal de Desarrollo, Puebla. 2019-2024.

Normalmente se dice que en la universidad lo que se enseña tiene una distancia importante respecto del ejercicio profesional, no sé si exista un ejemplo más claro que en Derecho.

Desde su origen se ha tenido una instrucción formal – repetitiva. Me explico, durante mucho tiempo (y todavía ahora) la enseñanza-aprendizaje se basa en conocer definiciones, artículos legales, clasificaciones, principios jurídicos, etcétera. Está por demás decir que ejercer profesionalmente podría ser algo verdaderamente traumante para la mayoría, debido a esa distancia entre lo que se ve en el aula y lo que se requiere en el ámbito profesional.

Hasta hace poco eso ha venido cambiando, para buscar casos prácticos y situaciones cercanas a la vida posescuela, así en lugar de preguntar por la ley de Amparo se puede pedir elaborar una demanda ante un planteamiento ad hoc o un dilema. Constantemente se hacen simulaciones de juicios o prácticas diversas. Por ahí, todo bien, la preparación de los futuros profesionales del Derecho va en mejora.

En prácticamente cualquier escuela o facultad del área se considera que es necesario aprender: leyes, tratados (de manera reciente), doctrina, jurisprudencia y la dimensión procesal. Además, se deberán desarrollar la expresión oral y escrita, así como la capacidad de interpretación y el manejo de un idioma extranjero (de preferencia inglés). Si una opción educativa garantiza lo que acabo de decir, no se puede dudar que es una escuela excelente. De hecho, estoy de acuerdo.

No obstante, la formación es más bien como litigante, basta mirar prácticamente cualquier mapa curricular para confirmarlo. Irónicamente la mayoría de los egresados no se dedicará a esa actividad. Pero más allá de la discusión eterna del campo laboral por carrera, lo que más me inquieta es que el licenciado en Derecho en sentido estricto, no lo es, más bien (y en el mejor de los casos), será un postulante, tan es natural esto que, por ejemplo, mi título así dice: Abogado (notario y actuario. No me pregunten por qué).

Esta situación no me termina de convencer, sobre todo porque en mi labor docente constantemente imparto la materia de Sociología Jurídica. Son esas materias que alguien las mira y dice son las “relleno”, «la ocurrencia de alguien que ni sabe lo que se necesita en la formación jurídica», o cuando mucho se piensa que es para darle un toque de erudición a la carrera.

Es de lo más común que mis estudiantes me vean en la primera clase (espero que no en la última) con cara de para qué me sirve esto y si no era mejor llevar Civil XIV. Entonces les digo que considero que un licenciado en Derecho va más allá de la litigación, creo que se debe poner atención al contexto en el que se da el ámbito jurídico, evidentemente hay una relación con otras materias como la Economía, la Administración Pública o la Ciencia Política, por mencionar algunos ejemplos. Dado que se deben entender dimensiones económicas, internacionales, ejecutivas, sociales y humanistas, al menos.

Aquí entra la Sociología Jurídica, les digo que esta disciplina trata de las causas y consecuencias del Derecho algo que casi no se aborda en la formación tradicional. El curso abarca una primera parte de Sociología Clásica y una segunda tal cual de la Materia.

Se revisa la necesidad histórica de la Sociología junto a Emilio Durkheim, Carlos Marx y Max Weber, luego vemos a Parsons, lamentablemente no queda mucho espacio para los contemporáneos. Contra lo que se pudiera imaginar la disciplina en cuestión no estudia a la sociedad, eso abarcaría todas las Ciencias Sociales, varias naturales y hasta exactas. Lo que estudia básicamente es el cambio social, la comunicación, la acción social, el valor de las mercancías y el hecho social. Sobre esta base se erige todo un entramado lleno de diferentes corrientes de pensamiento.

Asumo que ningún jurista puede sentirse satisfecho creyendo que las leyes son una obra artificial separada de eso que llamamos realidad, en el más claro sentido kafkiano. El Derecho trata de regulaciones que rigen coercitivamente en las sociedades. Se hace imperativo, por ello, entender de alguna manera a quien va dirigido.

De no hacerlo así, se dan casos de leyes inaplicables o que tienen efectos diversos a los que se pretendía, en el mejor de los casos. Por ejemplo, la mitad de la economía mexicana está en la informalidad (o ilegalidad), está a la vista de todos, pero no se hace mucho y lo que se ha intentado no funciona como el actual Régimen Simplificado de Confianza, posterior al Régimen Simplificado de Confianza (Resico) posterior al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) que a su vez sustituyó al de Pequeños Contribuyentes (Repecos).

En este tema las regulaciones municipales son inaplicables ¿vale la pena seguir por esta vía? Creo que no, me parece que a gritos requerimos saber qué se pretende en la materia y qué se ha obtenido hasta el momento. De otra forma vamos a la deriva, generando eso sí: leyes, reglamentos, sanciones, incentivos, procedimientos administrativos, etc.

Veamos ahora algo tan delicado como el sistema penal y su cambio de inquisitivo a acusatorio adversarial, necesitamos saber por qué se hizo la modificación y los efectos derivados, para ir a: ¿cuáles con las áreas de oportunidad?, ¿vamos por el camino correcto?, ¿los contratiempos son principalmente de inercias, recursos económicos, capacitación, voluntad política, cultura jurídica?, ¿todas?, entonces ¿en qué orden o magnitud?

De este tópico podríamos seguir con otros como ¿cuál es el papel de la Constitución política y qué significa para los ciudadanos?, ¿por qué apenas si tenemos servicio profesional de carrera? La lista se puede hacer interminable: ¿por qué somos el único país de América Latina en donde el cargo presidencial dura seis años?, ¿qué efectos ha tenido el aumento en años recientes del Salario Mínimo General?, ¿el incremento de las penas disminuye los delitos?, ¿a veces?, ¿por qué?… sólo imagínese lo que se podría colocar en esta lista.

Alguien pensará que son preguntas ociosas para el Derecho y que en todo caso deben realizarse desde otras disciplinas, no lo creo, el mundo terrenal no reconoce fronteras disciplinares. En esa línea me resisto a creer que los juristas tengan poco o nada que decir a los demás campos del saber.

Así, la formación de un licenciado en Derecho debe ser más allá del litigio, para mirar otros procesos jurídicos y entendiendo mejor el entorno del sistema legal. Ya no hablemos del papel de la investigación porque esa es otra historia.

Los abogados tenemos pendiente un compromiso social para fortalecer una cultura ciudadana evidenciando que las leyes y su aplicación son indispensables en cualquier sociedad. Lo que demanda un entendimiento contextualizado del Derecho.

Versión en video https://youtu.be/r8I3Xd-VWzU

La Constitución Política de México no cumple con su función principal, al menos desde la perspectiva de Kelsen (p.11) de ser la materialización de la norma fundante, esto es, que al menos en esencia todos la conocen y es referencia en el actuar jurídico de una sociedad.

Más allá del contenido, me centraré en la extensión y complejidad, me parece que la Constitución es difícil de leer para la mayoría de la población; en parte por su longitud, pero principalmente por la manera técnica-jurídica en que está redactada.

La Constitución se ha venido enfrentando a dos problemas en este aspecto: Primero, socialmente se tiene la idea de que cualquier tema relevante se tiene que colocar ahí. Segundo, políticamente, se sabe que lo que se inserte en la Constitución es jurídicamente inatacable. Lo que es adorado por quien controla el gobierno en turno y lo vacuna de ataques de inconstitucionalidad por parte de la oposición. El resultado está a la vista de todos.  

La Constitución ha tenido una gran cantidad de reformas (ver V.19) dependiendo de qué referencia se ocupe se pueden considerar más de 700, de hecho, sólo 22 artículos son originales. Mucho se ha cuestionado si sigue siendo la misma constitución, claramente no. De si ha ido evolucionando con las necesidades del País, puede ser (no lo creo). Pero el punto más relevante es si cumple con su función (ver I.5), de manera rotunda no. Al menos no en los términos planteados.

Una Constitución de acuerdo con la teoría clásica del Derecho trata dos aspectos: los principios jurídicos (parte dogmática) y la organización del Estado (parte orgánica). De tal manera, lo que se debe establecer en la primera parte son los puntos esenciales de protección y reciprocidad del Estado frente a la sociedad. En la segunda, para el caso de México, que se trata de una federación con un régimen democrático en un sistema presidencial.

Claro, cada uno de estos aspectos deben desarrollarse para entender su naturaleza, pero nada más. De otra forma, al colocar aspectos particulares se tiene el problema, irónicamente, de generar mayores dificultades de aplicación, es más probable que se den contradicciones legales (antinomias) y lagunas normativas.

La mayor ventaja de una constitución política breve y clara es su accesibilidad a la población, lo que permite establecer una costumbre en términos de Rousseau (Contrato Social L. II, C. XII). En donde la población, en general, asimila los contenidos básicos y los relaciona con su vida cotidiana.

¿Qué tan corto debe ser este texto? Bastante, una referencia son los Estados Unidos de América en su constitución sólo hay 7 artículos y 27 enmiendas, además con un lenguaje sencillo. Bajo la lógica que se maneja, me parece por demás razonable pedirle a un ciudadano de ese País que conozca y entienda la norma fundante.

En el caso de México son 136 artículos, sin hablar de los transitorios que por volumen ocupan más de la mitad del documento total, muchos verdaderamente extensos (cfr. 41, 73 y 123)  y en general bastante técnicos (3, 6, 16, 20, 28, 54, 76, 79, 97, 99, 102,107, 109… bueno podrían ser todos) lo que hace una tarea titánica entenderlos, pero si se llegara a lograr, seguramente se tendría que realizar una actualización constante debido al ritmo vertiginoso de las reformas.

Veamos las consecuencias, imaginemos una situación clásica en la televisión estadounidense: una persona es detenida por la policía y requiere fundamentar su negativa a declarar, la mayoría de nosotros lo sabe “me acojo a la V enmienda”, listo. Hagamos lo mismo para México, con excepción de los abogados y delincuentes avezados, no sabríamos qué decir, por cierto, lo correcto sería “me acojo al art. 20, apartado B, fracc. II”.

Continuamos con el ejercicio. Si alguien reflexionara sobre que se viola la Constitución dado que el salario mínimo general vigente no es suficiente tendría que buscar el fundamento en el art. 123, apartado A, fracc. VI, pár. II. Me queda claro que la Constitución es algo socialmente extraño que contribuye a un medio jurídico kafkiano, lejos de ser una referencia jurídica para toda la población.

¿La Constitución debe cambiar con los acontecimientos sociales? En esencia no, porque lo que ahí se plasme deben ser sólo directrices y descripciones generales. Entiendo que, si México dejara de ser una federación, cambiara el sistema presidencial o se considerara que la tortura es un medio de obtener pruebas, entonces sí se requiere hacer reformas; de otra manera, para eso está la normatividad en general (ver VI.25): leyes reglamentarias, secundarias, decretos, reglamentos, etc.

¿Qué se debe hacer? Algo verdaderamente simple, aunque ahora me parece un sueño: resumir la Constitución, para dejar lo esencial. La ciudadanía debe estar en condiciones de saber sobre sus derechos y cómo hacerlos efectivos. Conocer la organización de País, por ejemplo, que existe una federación, estados y municipios, entendiendo a grandes rasgos sus competencias. Cuántos diputados (federales) y senadores existen, así como sus funciones.

Bajo la misma línea, que existe un poder ejecutivo con funciones administrativas, un poder judicial federal con una estructura y actividades precisas. Finalmente, que existen organismos autónomos que cumplen su labor en áreas de relevancia técnica y social. Este pequeño examen de comprensión podría ser la prueba de fuego.

Debe quedar claro que la Constitución no resuelve por sí misma nuestra realidad, al contrario, es contraproducente depositar anhelos, como los derechos a la educación de calidad, trabajo digno, deporte, vivienda, salud integral, salario adecuado, etc. Ojalá la Constitución fuera una vara mágica. No lo es. Todas esas metas son relevantes, pero se ganan en la praxis, no en un papel, por relevante que éste sea.

Para colmo de males, vamos en sentido contrario en América Latina a través de lo que se conoce como Neoconstitucionalismo, ahora se busca que las constituciones sean más largas, técnicas y casuísticas. Eso explica que la Constitución de Ecuador (2008) tenga 444 artículos, lo mismo sucede con la Constitución de Bolivia (2009), con 411. Nadie duda de la importancia de reconocer derechos fundamentales, revalorar a los pueblos originarios, establecer una mejor relación con la naturaleza o implementar medidas concretas para garantizar la protección de grupos minoritarios.

La verdadera pregunta es si todo eso debe estar en la Constitución de manera tan extensa y reiterada. Claramente mi opinión es que no. No porque un derecho se diga mil veces se cumplirá (el contexto era otro en Göbbels). En el caso extremo, Reino Unido no tiene Constitución y eso no implica que los ingleses se encuentren desprotegidos jurídicamente.

Hay otra una línea de objeciones a una constitución breve y tiene que ver con el efecto de dar mayor relevancia al poder judicial, esto es cierto, dado que muchos principios requieren ser (re)interpretados, más leyes pueden ir contra la norma fundante, los conflictos en diferentes órganos de gobierno se exponen, etc. Nada de esto me parece grave.

Pues aquí les dejo esta discusión de una Constitución que requiere ser para todos.

Grecia Argel Camacho Domínguez, Alejandro Gallardo Rodríguez

y Luis Alberto Barradas Palmeros.

La Doctrina Estrada ha sido motivo de orgullo para la política exterior mexicana, pero hoy la ponemos en tela de juicio porque sus preceptos permiten una ejecución ambigua que ha agudizado nuestra dependencia hacia Estados Unidos y nos ha aislado de América Latina.

Esta doctrina debe su nombre a quien fuera Secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Pascual Ortiz Rubio: Genaro Estrada. En 1930, declaró que, entre otras cosas, la política exterior mexicana buscaría la neutralidad y el respeto a la autodeterminación de los demás países (ver aquí). Dicha política quedaría consagrada en el texto constitucional hasta la reforma al artículo 89 fracción X de 1988.

La Doctrina Estrada tiene un respaldo conceptual valioso. Se consideró una política que podía frenar diplomáticamente el imperialismo y el colonialismo de las potencias y, que al mismo tiempo, nos podía vincular con otros países bajo dichos principios. Con ella, México reconociéndose como afectado por el intervencionismo estadounidense y el colonialismo español, defendería con legitimidad histórica la autonomía de los pueblos. No obstante, es ambigua. En la práctica ocurre que esa ‘no intervención’ no alude al freno de la intervención de las potencias, sino que justifica la no intervención propia bajo una idea de neutralidad. Habiendo poderes imperantes, la neutralidad se traduce realmente en la permisividad de lo preestablecido.

Por ejemplo, cuando Lázaro Cárdenas en 1939 asiló a 460 niños de España pudo haberse respaldado en el no-intervencionismo que defiende la Doctrina Estrada. Pero en su lugar decidió posicionarse por propia iniciativa. Además de que la configuración internacional lo permitía, porque las potencias que solían ejercer presión sobre México estaban ocupadas cocinando la Segunda Guerra Mundial, esta postura también se puede defender desde la misma doctrina. ¿Cómo es que los mismos principios sirven para justificar dos posturas tan contrarias? Su interpretación es lo suficientemente ambigua como para que la narrativa elegida genere su justificación.

En este sentido, la Doctrina Estrada da para que el mandatario en turno decida qué tanto desea involucrarse en los acontecimientos internacionales. A pesar de que los resultados podrían resultar positivos, vale la pena cuestionarse la funcionalidad de dicha ambigüedad. Basta con voltear a ver el caso de la relación México-Venezuela. Desde la llegada de Chávez al poder, Estados Unidos ha sido insistente en que Latinoamérica le acompañe en su postura anti-chavismo. No obstante, acciones como el retiro de embajadores por parte de Fox; la comparación Chávez-López Obrador por parte de Calderón; y las críticas de Videgaray a Maduro en el periodo de Peña Nieto, dan muestra de que la Doctrina Estrada puede ser sencillamente burlada apelando a interpretaciones diversas del 89 constitucional.

En el caso actual, algunos de los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador han aseverado que la postura ‘neutral’ del nuevo gobierno ante las dictaduras venezolanas y nicaragüenses, recuperan el sentido de la Doctrina Estrada que sus antecesores habían dejado. Y podría ser cierto, sin embargo, olvidan que esta postura sirve para no interferir con los planes de intervención militar estadounidense. En otras palabras: si bien, la postura no apoya a Estados Unidos, tampoco le estorba. ¿Es la omisión una forma de no intervención? El debate conceptual podría tornarse complejo en ese sentido, y todo debido al estiramiento a conveniencia de estos términos. El rechazo al  intervencionismo estadounidense, como motor original de la doctrina, no está encontrando reflejo en ello.

Se reconoce que en la configuración geopolítica que determina la globalización, las hegemonías se establecen mediante el comercio. México destina el 80.2% de sus exportaciones a Estados Unidos. La dependencia es evidente y se manifiesta por el tipo de relación que detenta Estados Unidos, coercitiva, como las amenazas de sanciones económicas a México para que redujera el flujo migratorio de su frontera. En gran medida, eso explica por qué los mandatarios mexicanos han adecuado la Doctrina Estrada a situaciones que posicionen a nuestro país en una neutralidad conveniente para Estados Unidos. Por otro lado, eso también nos da luz para entender por qué Donald Trump logra descalificar con sorprendente fluidez a los migrantes mexicanos: no ve al presidente de México como su par, y esta Doctrina ha legitimado eso.

No es motivo de este texto proponer la nueva doctrina milagrosa que resolverá nuestros problemas de política exterior. No obstante, vale la pena reconsiderar la actual y explorar nuevas directrices que sean menos vulnerables al estilo del Secretario de Relaciones Exteriores en turno.

Muchas veces nos hemos preguntado sobre la manera de enfrentar la corrupción gubernamental en México, desde mi óptica es el problema más grave que tenemos, dado que mientras se mantenga afectará a todo lo demás, por ejemplo, si hace falta infraestructura carretera, de poco servirá que se le destinen recursos si serán aplicados en un entorno tan poco confiable. Lo mismo sucede con educación, salud, medio ambiente, etc.

Los modos de enfrentar la corrupción se han imaginado desde las perspectivas más diversas: eliminarla por decreto, reformas a leyes, contratar a personas honestas, regresar las clases de civismo, castigos ejemplares, más dependencias de gobierno, etc.

Normalmente esto tiene que ver con el voluntarismo y en el otro extremo la desesperación, no es para menos, mucho se ha perdido en esta búsqueda de respuestas y soluciones. Me parece válido en este proceso hacer una acotación: en ocasiones se olvida que la corrupción tiene su origen en la sociedad y de ahí se refleja en el gobierno.

Para decirlo de manera cruda: se tiene un gobierno corrupto, porque existe una sociedad corrupta, no encuentro evidencia empírica de que estos elementos puedan ir disociados. Lo de menos es responsabilizar al gobierno, pero me parece que entonces se estaría dejando en una minoría la responsabilidad de una sociedad.

En ese tramo, caminando con Rousseau, al ciudadano le deben interesar los asuntos públicos y el control de su gobierno, por lo cual está obligado a informarse y debatir en asambleas ciudadanas de todo tipo (L-III, C.XIV).

La tarea parece titánica (y lo es), pero no existen recetas fáciles: reformas legales que eliminen la corrupción por sí misma, líderes políticos, honestos y capaces que no requieran de la intervención reflexiva y activa de la sociedad, improperios hacia los corruptos que los hagan reflexionar y lo demás que la imaginación permita.

La corrupción es el gran negocio de unos pocos y la ilusión de muchos. Cuando una persona compra algo robado se siente inteligente por el beneficio inmediato, pero se vuelve difícil siquiera sospechar los efectos de mediano y largo plazo. Lo mismo sucede con la compra de piratería o la entrega de un soborno.

Lo que le queda a la sociedad es reconocer la inviabilidad de la corrupción, no se trata de evitarla por ser un “alma buena”, sino porque no existe país que, teniéndola en grado superlativo, sea al mismo tiempo una nación desarrollada, no hay teoría que pudiera al menos suponer algo por el estilo.

Para decirlo en términos directos: la corrupción es más producto de la ignorancia, quiebre y desesperación social que, de la perversión de un sector como el gobierno o los empresarios, lo cual tampoco se niega.

Se podrá alegar que estando el país como se encuentra es difícil o imposible llamar a la población a que haga un voto de honestidad, es cierto, aunque pareciera no existir otra salida. Se puede argumentar que debe empezar el gobierno y los sectores más favorecidos, puede ser, pero cada ciudadano tendrá que asumir parte de la responsabilidad.

Una forma de iniciar este proceso me parece que es la implementación del Servicio Profesional de Carrera (SPC), con esto me refiero a que los funcionarios públicos (en su gran mayoría) deben acceder a sus puestos por medio de una convocatoria pública, cubriendo un perfil y aprobando exámenes; para efecto de que su ingreso, egreso y promoción sea conforme a procedimientos definidos legal y administrativamente (ver cap. 5).   

Actualmente, en general, se tiene un sistema que Weber denominaría de Despojo (spoils system), esto es, las campañas políticas son una guerra en donde el ganador se lleva un botín que incluye la mayor parte de las posiciones de los funcionarios públicos de la administración de que se trate.

Lo que implica pérdida de conocimiento institucional, curvas de aprendizaje continuas, personas no aptas para determinados puestos, funcionarios públicos vulnerables ante actos de corrupción, etc. Con las consecuencias que se pueden prever.

En el nivel federal se han hecho los mejores intentos para implementar el SPC, me parece que la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional Electoral son de las mejores experiencias. Por supuesto que tienen aspectos observables, pero finalmente representan casos en los cuales se muestra que en México se pueden tener condiciones superiores que con el sistema que prevalece.

La pregunta obvia es: Si es tan adecuado el SPC ¿por qué no se ha ampliado su uso? La respuesta es simple, porque no le conviene a la clase gobernante y la ciudadanía no lo tiene en la agenda pública.

Continuado con la imagen de la batalla, ¿cómo es que puede reclutar a tantos “guerreros” un candidato competitivo?, en buena medida bajo la promesa implícita o expresa de tener un beneficio que en varios casos se traduce en la aspiración a un puesto en el gobierno. Prisioneros de guerra serán «sacrificados» en aras del cumplimiento de favores, no puede ser de otra forma.

Pero el drama no termina ahí, el nuevo funcionario ya en ejercicio se encuentra entrampado, ante un hipotético desacato por no acceder a un acto de corrupción ordenado por sus superiores, seguramente tendrá que olvidarse de su empleo; pero si llegara a mantenerse y realizar un buen trabajo, con la llegada de la nueva administración, en tres o seis años, traerá un sello que opacará su desempeño, por tanto, disminuyendo sensiblemente sus posibilidades de conservar el puesto.

Esto que comento es en el mejor de los casos, por otro lado, está el funcionario público que mediante el despojo ve una oportunidad de cometer actos de corrupción, de mayor o menor tamaño, sabiendo que su permanencia depende de muchos factores, siendo uno más su desempeño.

Está claro que la ciudadanía no se encuentra beneficiada con una situación como ésta, lo que deseamos es que los puestos del servicio público sean ocupados por los mejores perfiles, en donde los funcionarios encuentren beneficios y sanciones en correspondencia a sus actos. Lo que redunde en una burocracia profesional.

Es cierto que el SPC ya ha provocado críticas en países que lo han utilizado desde hace mucho tiempo, pero debe en todo caso abrirse el debate de si para nuestras circunstancias es lo adecuado. Desde mi perspectiva claramente debe ser implementado.

Ahora, se debe tener claro que ninguna medida puede ser eficaz si no tiene el interés de por lo menos un sector de la sociedad, esta no es la excepción. Creo que podemos pensar en informarnos sobre el tema e ir colocándolo en la discusión social. No será fácil, pero para como estamos, nada lo será.

Hasta pronto.

¿Por qué el gobierno necesita anunciarse?… ¿vende?, ¿compra?, ¿informa?

La publicidad gubernamental tradicionalmente ha sido vista como una forma de incidir en las voluntades de los medios de comunicación, existe el riesgo de generar por lo menos un conflicto de interés: entendido como una situación externa que afecta la objetividad en el desempeño de la actividad principal de una persona u organización.

¿Por qué es así? pensemos en que si un medio de comunicación recibe dinero de un área de gobierno le costará mucho exponer críticamente una situación que afecte negativamente a este cliente, el resultado será en la mayoría de los casos una autocensura.

En el mismo sentido, cuando ese comprador gubernamental le pida que introduzca una cobertura noticiosa que beneficie su imagen o fortalezca su presencia seguramente tendrá que aceptar en función de los beneficios económicos que recibe.

Este tema ha salido nuevamente a debate porque el gobierno federal y luego requerido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) han mostrado los gastos en el tema ejercidos por la administración federal pasada.

Esto ha causado indignación, recriminaciones, defensas, argumentos, etc. Pero lo cierto es que como muchos otros tópicos corre el riesgo de quedar en el olvido ante la vorágine noticiosa que siempre nos acompaña. No debe ser un tema que quede en el reclamo abstracto. Tampoco se puede permitir el linchamiento mediático, que sólo sirva para dar espectáculo.

El tema se complica aun más si tomamos en cuenta que la regulación jurídica para la asignación de publicidad gubernamental es sumamente laxa en la Ley General de Comunicación Social cuya entrada en vigor fue hasta este año.Esta norma fue aprobaba luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante un amparo promovido por una organización de la sociedad civil (OSC), Artículo 19 obligara al legislativo federal dado que dicha ley reglamentaria del artículo 134 de la Constitución (CPEUM) se había omitido.

El resultado no fue precisamente el mejor, por ejemplo, en el art. 4 se establece una Secretaría Administradora, que es la de Gobernación o equivalente en estados y municipios, como su nombre lo dice regulará el gasto y asignación de esta área. No hay mucho que decir ante tal circunstancia.

Lo que se requiere actualmente no sólo es bajar el gasto de publicidad gubernamental y transparentarlo en el ámbito federal, que es adecuado, se demanda de una regulación que determine las necesidades informativas del Estado, por ejemplo, dar a conocer una campaña de vacunación, explicar en donde se encuentran albergues ante determinados siniestros, pedir la colaboración ciudadana ante una contingencia, explicar la manera de separar la basura doméstica y las posibilidades de reciclaje, etc.

Lo que es inadmisible son las notas personales en los denominados informes de gobierno o que tal dependencia «rinda cuentas» de sus logros. Ambas acciones me parecen válidas, pero para ello existe la evidencia de los resultados ante la ciudadanía y otros medios gratuitos como las redes sociales. Y todos los actores políticos teniendo la misma situación generaría equidad entre ellos.

Estamos ante la necesidad de tener además de lo anterior, elementos objetivos (circulación, público, tiraje, alcance, perfil, etc.) para la contratación de medios que faciliten la comunicación social que se requiera, debiendo ser seleccionados en igualdad de circunstancias y de manera pública. También es necesaria la implementación de políticas afirmativas como la contratación de medios locales, bajo la lógica de aportar a la diversidad y la independencia.

No se debe olvidar que esta discusión está centrada en el ámbito federal y de alguna forma quedo expuesto y por lo tanto ha tenido cierto control, este tema se reproduce en los niveles estatales y municipales. En donde ahí sí, la mayor parte de las situaciones viven en medio de la opacidad en el mejor de los casos.

El tema tiene una enorme complejidad porque implica a la calidad de la información, la regulación gubernamental y la autoregulación de los medios. Es difícil avanzar en una sola de esas pistas.

Bueno, pues ya empezamos… a caminar.