El mayor reto presente es generar una justicia abierta, con todo lo que esto implica, básicamente una comunicación viva y eficaz con la ciudadanía.
En el futuro próximo, no se debe intervenir en la vida interna de los partidos políticos.
Al final, llego a una conclusión un tanto paradójica, que considero debe discutirse.
Muy bien, hagamos un poco de historia, la jurisdicción electoral es reciente, pero altamente dinámica; los comicios en México tuvieron un carácter meramente formal, bueno, mejor dicho, ceremonial; el poder político se obtenía a través de la violencia y entonces se hacían elecciones para justificar esa situación previa. En este contexto, el ámbito electoral estaba separado de lo jurisdiccional, claramente lo podemos ver en el juicio de amparo, que era y es inaplicable únicamente en esta materia.
Esto sucedió en el siglo XIX, para el XX las cosas no eran tan diferentes, sin embargo, hay un cambio con la institucionalización del partido gobernante y del propio presidencialismo, las elecciones siguieron siendo bastante formales, no obstante, cada vez menos ceremoniales. La sociedad estaba cambiando ante una elección como la del 76 con un solo candidato o la del 88 con un déficit de legitimidad importante.
La sociedad se rebeló ante situaciones como la crisis inicial del 76, así como la falta de acción oportuna del gobierno en el temblor del 85, también estamos hablando de un reclamo constante de espacios, muchas veces de manera poco articulada, inconstante, incongruente y todo lo que se quiera, pero ahí está.
La organización de las elecciones también se modificó; en 1990, se creó el Instituto Federal Electoral (IFE), ahora Instituto Nacional Electoral (INE), todas estas circunstancias fueron dando la necesidad de los tribunales electorales, ya no era suficiente la autocalificación, ni el arreglo político de antaño, se requerían de medios que ayudaran a las tareas político – electorales.
Los tribunales electorales, primero fueron de carácter administrativo, luego se fueron al ámbito jurisdiccional temporal en una especie de limbo y desde hace algún tiempo son permanentes, con tareas crecientes; han sido parte fundamental del camino sinuoso hacia la democracia, claro una democracia electoral (no más, no menos). Como cualquier institución tiene retos enormes ante problemas sociales que rebasan su capacidad de acción y por supuesto una necesidad de ajustarse a un entorno cambiante.
En esta historia, los tribunales electorales se presentan con sus propios retos, creo que los dos más importantes son:
Actuar con celeridad, los tiempos electorales son breves y han sido cada vez más, existen etapas que precluyen, sobre las cuales es difícil regresar. Esto obliga a que las resoluciones deban darse a marchas forzadas.
Una legislación cambiante, los problemas sociales se discuten y se tratan de resolver en las elecciones, lo cual sumado a una cultura política deficiente lleva a enfrentamientos amplios esta presión obliga a modificaciones legislativas procesales y de fondo.
Tradicionalmente han tenido que ver con candidaturas, tiempos electorales, campañas políticas, etcétera; y de manera reciente con acciones afirmativas. Podemos imaginar lo que esto representa en la tarea de los tribunales electorales. Significa definir constantemente criterios de aplicabilidad, ponderar y jerarquizar derechos; no exento de contradicciones y discrepancias.
Regresemos a la historia principal, hemos caminado en nuestro rumbo (democracia) con ayuda de muletas (tribunales electorales) que evidentemente nos permiten movernos, sin embargo, al mismo tiempo nos impide un mejor desarrollo. En esta analogía, necesitamos terapias que hagan que nuestros músculos mayores funcionen mejor, éstas definitivamente son dolorosas, porque tienen que ver con la responsabilidad de los actores políticos, de los partidos, de los tribunales, de manera especial de la ciudadanía.
¿Cuál es la salida? Definitivamente la justicia abierta, ¿qué implica? una comunicación con la ciudadanía, por ejemplo, a través de sentencias más cortas y entendibles, ya con un buen avance. Se requieren mejores canales de interacción, en donde la tecnología, por supuesto, es de gran ayuda. La exposición adecuada de los juzgadores con una ética definida y la convicción de cuál es su papel. Se han intentado figuras como el amicus curiae, la rendición de cuentas, la transparencia y más; resumiendo, la justicia abierta es una jurisdicción cercana, confiable, efectiva y que colabore a la paz social.
Si bien esto significa un respiro, sostengo que este camino es insuficiente en el largo plazo, porque el creciente número de expedientes por atender, su complejidad, así como la necesidad progresiva de recursos lleva a un callejón. Hasta ahora el balance es positivo, pero hay que tener en cuenta sus límites, si esto es así, ¿cuál es la alternativa? Definitivamente, disminuir el número de juicios, algo que es común a todos los ámbitos judiciales y ese es el camino que habría que seguir.
Claro, inmediatamente surge la pregunta: bueno, pero esto ¿cómo se aplica en el ámbito electoral? quisiera detenerme en un aspecto: en el último año (2020, p.66), el 86% de los expedientes atendidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fueron juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, ¿para qué sirve este medio de impugnación? Para votar ante la pérdida de la credencial cuando no es posible obtener una reposición. También para proteger los derechos de asociación política, inclusive para defender el derecho a integrar autoridades electorales en las entidades federativas.
No obstante, la mayor parte de estos juicios no tienen que ver con los tres supuestos que he comentado; por el contrario, se trata de conflictos internos de los partidos políticos, generalmente tiene que ver con que se niega una candidatura, o no se accedió a posiciones en la dirigencia e inclusive expulsiones del partido. Otro tanto, cada vez más en uso, tiene que ver con funcionarios públicos electos que se sienten afectados en el ejercicio de sus funciones.
Ante esto, llego a la segunda idea planteada: no se debe interferir en la vida interna de los partidos políticos, expondré mis razones:
Significa un desgaste innecesario, los partidos políticos deben solucionar sus problemas desde la amplitud de lo político y no desde la estrechez de lo jurisdiccional, ellos pretenden representar a la sociedad en la atención de los problemas generales; de tal manera, que sería contradictorio que no pudiesen resolver los propios.
Ahora bien y ¿qué pasa con los militantes? haciendo una interpolación del texto clásico de Hirschman, tienen la opción de: lealtad, alzar la voz o de salirse ante situaciones que no se comparten en un partido político, esto sucede en cualquier democracia.
Ahora voy a la conclusión un tanto paradójica que debe ser discutida: fíjense todo lo que se le ha pedido y han hecho los tribunales electorales; sin embargo, el avance en el camino democrático está marcado por su desaparición. Lo digo así, es imposible imaginar un tribunal electoral en un país con una democracia consolidada.
En algún momento escuché que la aportación de América Latina en el tópico eran precisamente los tribunales electorales, claro, porque nuestra democracia está basada en la desconfianza con una cultura ciudadana débil, es por lo que necesitamos en este momento de los tribunales electorales. No obstante, las elecciones se tienen que resolver mayoritariamente en el ámbito político y por excepción acudir a los tribunales del fuero común o federal, me parece que ese es el camino al que tenemos que llegar ¿cuánto tardaremos? no lo sé.
Mientras tanto si miramos alrededor, existe una carencia enorme de acceso a la legalidad que está sufriendo la mayoría de la población en su día a día. Con la inclusión de los recursos actuales de los tribunales electorales a otras áreas jurisdiccionales, avanzaríamos en el respeto al Estado de Derecho que tanta falta nos hace. Aunque esto depende de que podamos madurar políticamente.
Para terminar, diría que en nuestra historia no podemos seguir viviendo con el apoyo de los tribunales electorales (las muletas) para toda la vida. No es correcto, no es sano y no es justo.
Si todos decimos que el federalismo es lo mejor, ¿por qué terminamos casi siempre en el centralismo?
¿Acaso no es mejor que las decisiones públicas se tomen en el ámbito más cercano de afectación?
¿Buscamos la mayor interacción posible entre gobierno y sociedad?
Pero el federalismo no termina de implementarse ¿Qué falla?
Hagamos un poco de historia
México ha sido un país centralista con apariencia federalista y el ámbito electoral no es la excepción. Todos hablamos de las bondades del federalismo, pero pareciera que hay una necesidad centralista. En algún momento fue el miedo a la fragmentación, después fue el deseo de control, en algunos momentos se justifica en la eficacia de un gobierno nacional.
La historia de este país da cuenta de esa paradoja, desde la Constitución de 1824 (CNDH, s/f), la federación ha significado toda una narrativa histórica y cultural. Pero en el momento de hacerse realidad se presentan los inconvenientes; eso se puede ver en el ámbito fiscal, educativo, seguridad pública, etc.
Ante la reforma constitucional electoral de 2014 (TEPJF, s/f), las elecciones se han centralizado en el Instituto Nacional Electoral (INE). Situación que se agudiza ahora que las elecciones federales y locales se llevan al mismo tiempo (concurrentes).
Bajo esta situación es necesario analizar el papel que desempeñan los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) (Congreso de la Unión, 2018).
Tesis
Las ideas principales que sostengo son:
– El federalismo implica que entre más y en cercanía se tomen las decisiones es mejor.
– Los OPLE son inviables en las condiciones actuales.
– El camino para ellos es darles fortaleza mediante autonomía, labores crecientes y recursos adecuados.
– Aunque la tentación de algún sector es simplemente desaparecerlos. Eso es el espejismo del resultado fácil.
El federalismo en una historia cotidiana
Hagamos un símil, en una colonia o fraccionamiento se elige a un comité de vecinos, no obstante, en el cuerpo representativo se forman dos grupos:
En el primero están los que tienen mejores condiciones, por diversas situaciones, lo que les permite más tiempo en las tareas vecinales, intervenciones más relevantes, mejor conocimiento de las dinámicas gubernamentales, etc.
El grupo dos es un tanto disperso y heterogéneo, no tienen mucho tiempo disponible, aportan menos a las funciones del comité, conocen menos de las organizaciones, etc.
Aquí es necesario valorar hasta qué punto tiene sentido hacer un esfuerzo para que el grupo dos tenga un mejor desempeño. Inicialmente se puede pensar que simple y sencillamente hay que hacerlo, pero eso implica tiempo y recursos. Además, se duda de que el resultado será positivo.
Así, se prefiere tomarlos en cuenta lo mínimo, para no saturarlos, pero la labor y toma de decisiones la hace la fracción con las mejores condiciones. Lo grave es que estos vecinos del segundo grupo sí tienen potencial, o al menos eso sostengo.
Esto está pasando entre el INE y los OPLE.
El federalismo es lo mejor
Empecemos por el principio, las elecciones han tenido un recorrido por demás complejo, apenas si se puede hablar de ellas como ejercicio ciudadano en el siglo XIX; a finales de esa época, durante el Porfiriato, son más bien una ceremonia autoritaria.
En la primera mitad el siglo XX, los comicios sirven para justifican a quien tiene el poder militar; posteriormente, en palabras de Manuel Pérez Treviño: se sacrifica el derecho a votar libremente por el principio de no reelección (Carpizo, 2002:57); de alguna manera, habla de un país sin cultura política que necesita de arreglos elementales en la cúpula.
1988, un parteaguas, una elección con poca legitimidad y nace en 1990 el Instituto Federal Electoral (IFE), lo que ahora conocemos como INE, la organización de las elecciones recae en un organismo independiente, que deriva en una institución autónoma.
En las entidades federativas se busca una fórmula similar con resultados diversos, aunque con el nuevo papel de los ejecutivos estatales, los institutos locales electorales en buena medida son convertidos en ejecutores gubernamentales. Se llega a creer que las elecciones locales están comprometidas.
La solución en 2014 es simple: darle más atribuciones al nuevo INE. Asimismo, se quita poder a los gobernadores en la designación de los integrantes de los OPLE, siendo ya una atribución del Consejo General del INE (art. 44, g LGIPE). No obstante, los recursos para su funcionamiento los siguen aportando las entidades federativas, lo que nunca deja de lado las injerencias directas e indirectas.
El resultado en perspectiva es positivo, las elecciones federales gozan de legitimidad, con todos los asegunes que se quieran poner en una clase política y una sociedad con mucho por caminar en la cultura cívica.
El resultado federalista: tenemos unos organismos locales que tienen pocos recursos y atribuciones que con elecciones concurrentes expone crudamente la situación. Esto porque cuando las elecciones se daban por separado los organismos locales afrontaban sus comicios, pero ahora que se llevan al mismo tiempo tienen un papel secundario (Santiago, 2018: 73). En el artículo 41 constitucional fracción V, apartado B observamos las atribuciones del INE en elecciones concurrentes:
Capacitación electoral, geografía electoral, padrón y lista de electores, ubicación de las casillas y designación de los funcionarios de mesas directivas.
Este primer grupo de funciones son la esencia de la relación con los ciudadanos.
Programa de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales.
Este segundo agrupamiento son elementos complementarios y administrativos que permiten darle certeza a las elecciones.
La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos.
Finalmente, tenemos la relación con los actores políticos en competencia.
Como se puede observar lo que resta para los OPLE es mínimo, de acuerdo con el Apartado C de la misma disposición: Prerrogativas de los candidatos y partidos políticos, Educación cívica, Actos de Preparación de la jornada electoral, así como actividades complementarias para las elecciones locales.
Regresemos a nuestra historia de los vecinos que no se terminan de integrar al comité de la colonia. El problema es que hacen poco y se convierten en una incomodidad, quizá no cueste mucho mantenerlos a un lado, pero la pregunta obvia es: para qué. El punto es si esto es valioso y si no se pueden convertir en un problema mayor. ¿Vale la pena ese esfuerzo?
En este caso, necesito ser tajante, sí. Al menos si pensamos en que el federalismo es lo más adecuado como forma de organización en el ámbito gubernamental. Me parece que seguir sobrecargando al INE de labores es un peligro. También se equivoca, tiene presiones y se juegan intereses. Es lo más normal.
Las organizaciones entre más grandes más complejo se hace su accionar y adaptación a los cambios. Evidentemente estamos en un error, lo mejor es capacitar y motivar a los demás actores para que la labor sea más sencilla, pero sobre todo para que tenga sentido la colectividad, en nuestro caso se trata de la federación y de sus estados.
¿Y si no pueden?, ¿y si los gobernadores de nuevo interfieren? En este caso. No existe, no debiera existir un adulto que dirija a los infantes, eso es inadecuado por donde se le vea. Las entidades federativas deben asumir responsabilidades sobre sus autoridades electas. El principio es simple: hagamos las elecciones entre más, tomando decisiones cerca de donde se verán los resultados.
Sí, la democracia se consigue involucrando a la gran mayoría, generando capital social en términos de Robert Putnam eso es confianza, reciprocidad y redes (Urteaga, 2013). Las elecciones necesitan ser algo cercano a la ciudadanía. Atender a sus particularidades, recuperar sus fortalezas y darse con la mayor legitimidad posible.
El dilema entonces es entre la facilidad operativa que garantiza el INE y la necesidad de legitimidad ciudadana de un federalismo electoral.
Ruta para el fortalecimiento de los OPLE
Hay que reconocer que lo mejor es un federalismo electoral. Es necesario debatir sobre la trascendencia y aplicación de este.
Establecer criterios mínimos de financiamiento para los OPLE, para que sea un referente.
Con base en el punto anterior, definir una asignación presupuestal constitucional, como la tienen los partidos políticos que permita una autonomía efectiva.
Impulsar el servicio profesional electoral en las entidades federativas. Las ventajas ya se han mostrado en el propio INE, pero también en otros ámbitos como la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin embargo, esto se enfrenta a los intereses de la clase política que lo ve como una limitante a lo que Weber llama el sistema por despojo (1919).
Transferir atribuciones del INE a los OPLE, iniciando con las elecciones intermedias en las cuales sólo se escogen diputados federales y la mayoría de los cargos son estatales.
La selección de los consejeros de los OPLE debe darse en una combinación de intervención estatal y del INE. Una parte puede hacer las ternas y la otra definir. Ya tenemos experiencias de cómo irlo haciendo mejor en ese tema.
Se deben trasladar las funciones de asignación y monitoreo de tiempos en radio y televisión. Si bien es una parte más técnica, por eso la pongo en el tramo final.
Análisis, debate y decisiones demandan atención
Seguramente esto se llevaría aproximadamente dos periodos de elecciones: seis años. Sería una primera etapa de fortalecimiento de los OPLE, con la cual realizar una evaluación de resultados, definiendo áreas de oportunidad e inclusive redefiniendo objetivos.
En nuestra historia. Ayudemos a los vecinos y con ello a la colonia.
Sé que esto puede parecer complejo, lo es. En cualquier caso, siempre queda la opción de simplemente desaparecer a los OPLE que fue un tema ya debatido en la reforma 2014 (Vázquez, 2015: 303). No valoro que sea lo más adecuado, pero hasta eso, sería mejor que esta situación intermedia.
Como en cualquier asunto de trascendencia implica definición y costos. Es necesario asumir las responsabilidades, seguir esperando es innecesario, por decir lo menos.
La clase política tiene la palabra y los ciudadanos somos corresponsables.
Urteaga, Eguzki (2013) “La teoría del capital social de Robert Putnam: Originalidad y carencias”, Reflexión Política, vol. 15, núm. 29, junio, 2013, pp. 44-60 Universidad Autónoma de Bucaramanga. Bucaramanga, Colombia. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/110/11028415005.pdf
Vázquez Mata, Marisonia (2015) “Apuntes para el fortalecimiento de los organismos públicos locales electorales en el contexto de la reforma constitucional de 2014”. Justicia Electoral, Núm. 15, ISSN 0188-7998, Cuarta Época, Vol. 1, enero-junio 2015. Pp. 281-307. Disponible en: https://tecnologias-educativas.te.gob.mx/RevistaElectoral/content/pdf/a-2015-04-015-281.pdf
El presidencialismo tiene una larga tradición en México, desde hace algunos decenios viene tomando fuerza la idea de virar al parlamentarismo, sostengo que eso no es viable dado que representa un cambio brusco que no garantiza nada.
Existen casos de éxito y fracaso en ambos lados. Lo adecuado es fortalecer las instituciones como elementos de pesos y contrapesos. Teniendo como marco una sociedad activa.
Se plantea una perspectiva histórica y comparada para justificar que ante una sociedad diversa se requiere una democracia de consenso, lo que implica múltiples medidas, sin embargo, para el tópico abordado se propone un periodo más corto y la posibilidad de reelección.
¿Cómo nace el presidencialismo?
El presidencialismo nace en los Estados Unidos de América (EUA) debido a que con su Independencia debieron plantearse el dilema de cómo tener una forma de gobierno adecuada dadas sus condiciones: se liberaban de la monarquía; además, no querían adoptar otra casa reinante, ni elegir entre ellos un rey.
El resultado fue un poder ejecutivo controlado por una Constitución, electo de manera indirecta por un periodo determinado. Eso sumado al federalismo y un congreso bicameral significó encontrar soluciones propias.
Ante la independencia de la mayoría de los países de América Latina a inicios del siglo XIX, el presidencialismo sería una referencia para los nuevos estados. Sin embargo, no tenían condiciones similares a las de los EUA, lo que en los hechos provocó una centralización del poder, con preminencia del ejecutivo sobre los otros poderes ocasionando dictaduras y condiciones de inestabilidad política.
Esto mismo se puede encontrar en México con la salvedad de dos intentos monárquicos: Agustín de Iturbide y Maximiliano de Habsburgo; en el primer caso, se trató de una creación interna, y en el segundo, una familia europea, ambas tentativas fallaron estrepitosamente.
Una larga tradición presidencialista
El presidencialismo en México existe desde su primera Constitución, en 1824; aunque el gobierno por personalidades tiene sus orígenes desde antes de la Colonia. Hay toda una tradición alrededor de un tlatoani, virrey, emperador o presidente fuerte.
Esto no necesariamente ha sido positivo, de hecho, no lo creo, pero ha sido así. De alguna manera, hay una cultura política de súbdito (p.183ss) en la perspectiva de Almond y Verba. Que estaría bajo la línea de una Democracia Delegada (p.12) con relación a Guillermo O’Donell.
Ante esta situación la búsqueda de alternativas ha sido constante, la parte más difícil es cuando se demandan resultados rápidos para salir de problemáticas coyunturales. Así se valoró a Agustín I, Antonio López de Santa Anna, Benito Juárez, Porfirio Díaz, Plutarco Elías Calles, Carlos Salinas de Gortari o ¿Andrés Manuel López Obrador?
No sólo eso, se han intentado copiar las más diversas figuras estatales: federalismo, presidencialismo, bicameralismo legislativo, ombudsman, … y así nos ha ido. Pareciera que lo que funciona tan bien en otros lugares aquí cuesta trabajo, por decir lo menos. Esperamos, por ejemplo, que ante un sistema inquisitivo sea mejor un acusatorio adversarial en materia penal, pero simplemente los resultados no terminan de llegar.
Sostengo la idea de que trasladar arreglos gubernamentales de un país a otro es un error si está basado simplemente en que en su lugar de origen funciona bien. De hecho, eso pasó en México con el presidencialismo, el federalismo y la división de poderes, pero ahora es lo que tenemos y antes de cambiar necesitamos aprovechar lo que se posee y tratar de darle el mejor enfoque posible.
Considero que la monarquía parlamentaria funciona en general en Europa porque resolvió un problema entre élites: la burguesía y la nobleza, al mismo tiempo generó condiciones de unidad que rescató una larga tradición que sigue teniendo valía.
El semipresidencialismo es útil en Francia porque representó una salida ante la falta de un gobierno monárquico y la necesidad de encontrar equilibrios entre la jefatura de gobierno y la presentación del Estado. Además de requerir un mediador político ante dificultades políticas importantes.
Cuando se encuentran soluciones propias es mejor que simplemente recurrir a modelos.
En todo este tema ¿Por dónde empezamos?
El asunto pareciera tornarse complejo, y lo es, por lo cual se debe fijar una postura para lograr un mínimo de orden en el análisis. Tengo una serie de premisas:
México requiere de una democracia de consenso (Arend Lijphart).
El cambio institucional debe basarse en nuestras necesidades (Rousseau, Sartori o Nohlen).
Me explico, las personalidad son relevantes y en un país como México más, pero lo que deben fortalecerse son las instituciones (p.9) entendidas como patrones de interacción regulados, que son conocidos, seguidos y comúnmente aceptados. En ocasiones, aunque no necesariamente, las instituciones se convierten en organizaciones formales; se materializan en edificios, sellos, rituales y personas que desempeñan roles que las autorizan a “hablar por” la organización.
Las instituciones son el cuarto tipo de leyes que identifica Rousseau en el Contrato Social (LII,CXII), son las que permiten que la ciudadanía y el gobierno actúen bajo una serie de reglas. Está por demás decir que las instituciones sobreviven a las personas.
Con relación al segundo punto. México tiene a una población diversa en muchos sentidos raciales (creo que la raza de bronce es un mito), de ideología política, perspectiva económica, papel del gobierno, alcance de la religión, etc.
Por lo anterior, no podemos vivir en una democracia mayoritaria (Westminster en términos de Lijphart) en nuestro caso implicaría que cualquier partido con poder considerable entienda que debe aniquilar a los oponentes, por lo menos debe abusar de su condición para generar la mayor cantidad de cambios posibles para lograr imponer su visión de gobierno.
Por el contrario, un espacio de pluralismo limitado o moderado (Sartori) las fuerzas políticas requieren de un mayor consenso para generar cambios que, aunque lentos impliquen ciertos avances, claro ante la desesperación de muchos actores y de buena parte de la población.
Finalmente, ha tenido un costo enorme copiar figuras de otras latitudes o longitudes creyendo que eran la solución, la historia pareciera mostrar algo en ese sentido. Debemos preguntarnos: cómo somos, en dónde estamos y qué necesitamos. Parecen verdades de Perogrullo, pero es necesario expresarlas.
Presento la tesis central: El presidencialismo en México debe fortalecerse institucionalmente haciéndolo lo más compatible posible con una república democrática federal.
Menudo problema definir los tres elementos anteriores, lo haré de manera simple por contraste esperando sea suficiente por ahora. República por oposición a la monarquía. Democracia como preferible al autoritarismo o totalitarismo. Federal respecto del centralismo.
Me detengo ahora para presentar una tabla comparativa que nos permita identificar las características más importantes del Presidencialismo y el Parlamentarismo.
Presidencialismo
Aspecto o situación
Parlamentarismo
Presidente
Jefe de Estado
Rey o presidente
Presidente
Jefe de Gobierno
Primer ministro
Directa
Elección de ejecutivo
Indirecta
Independencia formal
Relación ejecutivo – legislativo
Dependencia sustancial
Nula
Responsabilidad del gabinete ante el legislativo
Amplia
Ninguno En caso extremo juicio político
Control ejecutivo – legislativo
Interpelación, disolución parlamentaria y pérdida de confianza.
Rígido
Periodo de gobierno
Adaptable
Estabilidad
Fortaleza política
Flexibilidad
Baja
Negociación
Amplia
Pocos, en su caso la reelección
Estímulos para negociar y gobernar
Permanencia de la coalición gobernante
Suma cero y el ganador se lo lleva todo
Juego político
Equilibrio de pérdidas y ganancias
Tensiones políticas importantes
Cambios anticipados en el ejecutivo
Pocos problemas institucionales
Ninguno
Mediadores políticos
Jefe de Estado
No es posible
Representación de la amplia mayoría de la población
Jefe de Estado
Alto-medio
Personalización de la política
Medio-bajo
Considerable
Posibilidad de outsiders
Mínima
¿Por qué apostar por el presidencialismo?
Nadie puede dudar de las desventajas intrínsecas del presidencialismo destaca un juego de suma cero en donde el ganador se lo lleva todo, así sea por la mínima diferencia en la votación para tal efecto. Considero que el escrito clásico de Juan Linz de 1985 es el inicio formal de esta discusión en donde se mira al parlamentarismo como una opción, al considerar los efectos positivos que tuvo en la transición española a finales del siglo pasado.
El presidente está en constante conflicto con el legislativo dado que son escogidos por separado y ambos se disputan la representación legítima del pueblo. Con el agravante de que el ejecutivo podrá decir que además es jefe de Estado.
El presidencialismo destaca su estabilidad e inflexibilidad ante una historia de golpes de estado, conflagraciones, traumas históricos, falta de instituciones, etc. pero precisamente eso se vuelve en su contra cuando se requieren hacer cambios rápidos.
En México, eso está empeorado por la falta de reelección, por lo cual lo difícil es llegar, una vez ahí, ya no hay incentivos personales, dado que se dura lo mismo en el poder independientemente de cómo se gobierne. Lo que puede ocasionar daños serios al País, el sistema político y al propio partido de origen.
Pareciera difícil después del recorrido hecho, apostar por el Presidencialismo, pero sostengo que la mayoría de nuestros problemas están más allá del tipo de gobierno. Así que lo mejor es utilizar lo que hemos conocido hasta ahora, pero no logramos que funcione de manera correcta, básicamente por carecer de instituciones que permitan pesos y contrapesos, en donde se debería destacar una población activa.
¿Y el parlamentarismo? Me encanta como funciona …en Europa y sin considerar ciertos casos. De la misma forma en que me gusta el funcionamiento del presidencialismo en los EUA. Por lo tanto, para México cambiar de forma de gobierno implicaría un cambio radical que de hacerse preferiría que fuera gradual. Nada garantiza por si sólo que el traslado tenga éxito.
¿Qué debemos revisar del presidencialismo?
Tengo dos puntos iniciales de los que se derivan otros.
Primero, el periodo presidencial, si ya de por sí se considera que la rigidez del término puede ser un arma de dos filos, lo es más con un periodo de seis años, lo voy a decir de esta forma, nos quedamos solos con un periodo tan largo, en América Latina sólo Venezuela (art. 230 de la Constitución) tiene un periodo igual.
No entiendo por qué ni siquiera se nos ha hecho extraña esta “soledad”, bajo los argumentos del este texto, no tenemos que cambiar para estar en sintonía con los demás, pero el problema es que no hemos realizado una discusión sería al respecto, lo cual es urgente.
Segundo, la reelección, los incentivos para ser un gobierno responsable y que responde están en cierta medida en este mecanismo. Claro, en México es todo un tabú este tema en el ámbito presidencial, pero se debe atender. Por cierto, en este tema también nos hemos ido quedando solos en la zona, buena parte de los países tienen reelección consecutiva o discontinua.
Estos dos temas se deben discutir de manera conjunta dado que, si mantenemos un periodo de seis años, me parece complicado hablar de reelección. De la misma forma reducir el periodo sin hablar de reelección no parece tener mucho sentido.
¿Qué más debemos discutir?
La figura de un vicepresidente, que me parece debe ir en fórmula electoral con el candidato a presidente. Esto permitirá tener un proceso sencillo de sustitución si es necesario, y en su caso, un actor político con poco desgaste que podría intervenir en conflictos político – electorales. Aunque normalmente no cumple esa última función.
Un jefe de gabinete o equivalente que sea el encargado de las relaciones ejecutivo – legislativo y tenga como función principal la presentación y negociación de las iniciativas de ley presidenciales y el veto. Podría ser electo de manera conjunta y ser responsable ante ambos poderes. De nuevo se trata de generar espacios y actores de negociación.
Profundizar en la formación de coaliciones de gobierno que hasta ahora sólo es una curiosidad constitucional (art. 89, fracc. XVII). Necesitamos explorar formas en las cuales el presidente y la oposición puedan interactuar de manera más comprometida.
Se puede iniciar con el hecho de que la coalición electoral debe tener una extensión en el gobierno.
La segunda vuelta electoral, que en lo personal estoy en desacuerdo dado que genera una mayoría artificial dado que en los segundos comicios acuden menos personas a votar.
En nuestro caso, cuando un ciudadano observa que su candidato presidencial no tiene oportunidad de ganar se recurre a un voto útil, como se hizo en el 2000, respecto de quienes eran afines a Cuauhtémoc Cárdenas; lo mismo sucedió en el 2006 respecto de quienes deseaban un presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI). No obstante, estoy convencido de que se debe platicar esta posibilidad.
En algo que está más allá de lo meramente legal me parece que debemos trabajar en:
El proceso de selección interna de candidatos, la democracia interna de los partidos es una asignatura pendiente, para el ciudadano puede ser frustrante tener que elegir de un grupo salido (output) de una caja negra en términos de David Easton. Lo que implica no conocer qué fue lo que pasó en el proceso interno, el cual debe realizarse lo más transparentemente posible.
Si comparamos este asunto con los EUA tenemos dos esquemas totalmente diferentes, observamos a una gran cantidad de interesados que se van depurando en función de varios factores.
En México podemos ver sinsentidos como que en la última elección presidencial (2018) existieron candidatos únicos de una coalición de tres partidos.
Esto es lejano a la democracia que se debe caracterizar por una confrontación institucionalizada de ideas y programas.
En otro plano, es imposible creer que en las tres coaliciones electorales no tenían interés o perfil más que para un candidato. Me parece que hubo más bien imposiciones en diferentes grados y sentidos, que nos privaron como ciudadanos de analizar más perfiles para la presidencia de la República.
Relacionado a lo anterior, es necesario pedirle a cada partido que defina una postura clara ante determinados temas. El punto deseable es: cada vez votar menos por la persona y más por un programa político. Los temas de manera enunciativa pueden ser: combate a la pobreza, impuestos, ambulantaje, corrupción, aborto, subsidios al campo, política migratoria, inversión extranjera, energía no renovable y alternativa, servicio civil de carrera, deuda gubernamental, elusión y evasión fiscal, política de exportaciones e importaciones, autosuficiencia alimentaria, prioridades en política exterior, seguridad pública, narcotráfico, generación de empleo, salario mínimo, subsidios a grupos específicos: adultos mayores, jóvenes, niños estudiantes, etc.
Es indispensable que no se hable de manera general, sino que se establezcan prioridades, den a conocer cuáles consideran las causas y efectos de los problemas de esa área, de manera concreta cómo resolverlo y de dónde tienen que obtenerse los recursos necesarios.
Por tanto, cuando se vota se requiere saber algo más que una persona con declaraciones generales o ambivalentes dependiendo del público de que se trate. Al contrario, se debe votar por toda una conceptualización de gobierno que implica un compromiso amplio. Desde donde se puede mirar si las acciones de gobierno corresponden o no a lo ofrecido.
Se podrá pensar que todo esto nos acerca al parlamentarismo, puede ser, no tengo problema en que se vea así, más bien el punto es que como se decía en un principio: partimos de lo que se necesita, y es fortalecer las instituciones, mantener el presidencialismo encontrando soluciones para una sociedad diferenciada que debe actuar y relacionarse de una mejor manera.
De manera muy concreta propongo para iniciar la discusión:
Un periodo presidencial de tres años, con posibilidad de hasta dos reelecciones. Lo que lleva hasta nueve años en el cargo. Esto me parece que implicaría una mayor necesidad negociación del presidente, estímulos para dar resultados en el corto plazo y pensar en propuestas de largo alcance. En el mismo sentido se puede hacer una sustitución relativamente corta si es necesario.
La elección o reelección se daría en las fechas ya establecidas, si se reelige continua el presidente, si no entrega el cargo a fin de año, en las mismas condiciones que ya se tiene previsto en la actualidad. Esto me parece mucho más adecuado que la revocación de mandato (art. 35, fracc. IX).
Se puede desconfiar del efecto de “arrastre”, pero las elecciones federales deben ser una especie de referéndum, en donde la población decida entre darle todas las condiciones al presidente o colocarle candados vía voto divido. Como se ha dicho, basado en un programa de gobierno.
Esto debería atemperar la idea de que las contiendas presidenciales son a muerte ya que sólo se realizan cada seis años.
Se tienen que hacer ajustes en el legislativo federal, así como en otros aspectos gubernamentales y sociales, sin los cuales no tendría sentido hacer cambios en el presidencialismo mexicano, pero eso requiere de un debate posterior.
No imagino que existan seres humanos más vulnerables que los niños en situación de calle: masculinos, femeninos, indígenas, urbanos, migrantes, etc. Lo increíble es que parecieran no existir para la sociedad y menos para la clase política.
Están ahí, en las esquinas de las avenidas haciendo malabares, cantando, pidiendo limosna, vendiendo dulces, etc. desde temprano hasta tarde, ante la vigilancia de sus explotadores. Sin futuro, sin presente. Frente a todos, pero invisibles. Como si se tratara de un capítulo de Black Mirror, en esta distopía la gente mira sus celulares mientras pasa frente a una realidad insultante.
Estos niños tal vez mueran por el uso de inhalantes, podrán llegar a ser victimarios de otros menores, tal vez sean delincuentes. Difícilmente tendrán oportunidad para convertirse en algo positivo para ellos o para la sociedad que los ve con disimulo, fastidio, pena o asco.
La mayoría de la ciudadanía miramos por el interés propio en medio de los problemas cotidianos, sin un margen mínimo de capital social. Apenas se puede sobrevivir como para pensar en arreglar al que está más allá de nosotros. Terrible, pero comprensible.
En cuanto al gobierno se torna peor, no pueden hacer algo porque… ¡No votan! Esto es, no forman parte del mercado político en donde se intercambian votos por promesas de campaña, este espacio que de por sí es extraño y complejo para Douglass C. North (sec.II) muestra una de sus peores caras.
Cuando se ofrecen acciones gubernamentales para niños se piensan en sus padres como objetivo clientelar. Así se pueden dar becas, uniformes, computadoras, desayunos, etc. Pero en este caso no existe esa posibilidad, para convencer a sus guardianes se requieren de otro tipo de acciones.
De hecho, las únicas acciones (no políticas públicas) que verán estos menores en el horizonte serán ridículos pero populares aumentos de penas, propuestas para disminuir la mayoría de edad, criminalización y estereotipos.
Para estos niños no existe convención, constitución política, ley o cosa por el estilo que los pueda amparar. Una educación precaria sería un lujo que casi ninguno de ellos se dará. Por lo que la Agenda 2030 no forma parte de su realidad. Esto llama la atención, porque los derechos de los niños se han popularizado en el discurso, en las escuelas, formalmente en las sentencias judiciales, en el imaginario social se presenta de las formas más diversas que (incluso diría) han llegado a los excesos, con eso y todo, que bien. Sí, pero no para ellos.
A ellos les reservamos un reportaje en Los demonios del Edén, un papel en Quisiera ser millonario, una canción en Niño sin amor o una composición para mamá de Paquito. ¿Quién podría reclamarles un odio social?, ¿Cómo explicarles que en nuestras prioridades colectivas no tienen importancia?
En una mirada a la Ciudad de México, Guadalajara o el Estado de México en esencia vemos como crece y se hace más complejo el problema, cuando ya de por sí los niños en general no la pasan bien en este País. En América Latina sucede otro tanto: Lima, Buenos Aires o en las regiones de Chile. Aunque no sólo es un problema urbano.
Me parece que como sociedad debemos priorizar lo que debemos enfrentar, entiendo que nuestro problema más serio están en la Inseguridad Pública (p.3), para resolverlo se pueden intentar muchas cosas: comprar armas, capacitar policías, ampliar o mejorar las cárceles, instalar más cámaras de vigilancia, ofrecer recompensas por delincuentes, etc.
Pongo a consideración de la manera más egoísta que dentro de las medidas cruciales que no existan niños en situación de calle, mediante la instalación de albergues en donde reciban educación, cuidados, servicios de salud y lo necesario para su desarrollo hasta alcanzar la mayoría de edad.
Se requiere sensibilizar a una población que dice querer dejar de discriminar, pero se ensaña con este sector. Es necesario recordar que son nuestros niños, por tanto, habrá que cuidarlos ¿cuánto cuesta implementar eso en todo el País? Mucho, sólo eso.
Pero creo que va antes que un peso en publicidad gubernamental, cualquier prestación a funcionarios de alto nivel, el haber de retiro o su equivalente en exceso, el pago fuera de periodo ordinario a un legislador, un monumento, las luces en una fiesta patria y un largo etcétera.
No es cuestión de dinero, se trata de voluntad política. Es poner en la discusión pública este tema y que pueda permear en la agenda política derivando en acciones concretas.
Pero si fuera un lujo una política pública de esta magnitud, sería un honor. Ya nos hemos dado muchos: Salvamos banqueros, recomprando carreteras concesionadas, perdonamos impuestos a los que más tienen, líderes de organizaciones que no pueden justificar su riqueza, aportaciones gubernamentales que no se pueden supervisar, etc.
Aunque pensándolo bien, me parece una utopía, mejor nos vemos en la próxima publicación.
Los problemas sociales se agolpan de manera compleja en México, es difícil obtener rutas por donde transitar para romper círculos viciosos. En el caso de la Educación no es la excepción, abordar la temática nos lleva a varias dimensiones, en este esfuerzo el documento está divido en tres partes:
Primero, se analiza la situación de la educación en Puebla, apreciando que la instrucción formal presenta un rezago en los indicadores básicos; pero de manera especial, un desfase creciente respecto de una sociedad que reclama habilidades o conocimientos dinámicos y cambiantes.
Segundo, con relación a la Educación Superior se destaca la falta de cobertura al no llegar al 40%, esto implica una deuda social grave, que en buena parte se explica por los altos costos involucrados.
Tercero, ante este panorama se requiere de una política pública consistente que entienda la dimensión del problema y considere a la educación superior en línea como una opción con características que dan muchas oportunidades, pero también retos formidables. Esto sólo puede ser posible con un proceso de discusión y acercamiento con diversos actores sociales.
1.- La educación institucional: retraso y desfase
La educación entendida como instrucción formal ha tenido retos por demás complejos desde hace mucho tiempo. En un primer momento tienen que ver con los ámbitos tradicionales de cobertura, eficiencia terminal, calidad, para llegar hasta su propia pertinencia.
Esto quiere decir que no terminamos de mejorar en los conocimientos y habilidades básicas, ni en la deserción en el nivel medio superior, lo que es bastante serio. Además, estamos lejos de entender el tipo de educación que impulsamos, esto implicaría una discusión de cómo nos vemos como sociedad, los valores que defendemos y sobre todo de qué manera nos visualizamos en el mediano y largo plazo.
Estos retos son relativamente fáciles de entender, pero verdaderamente difícil de resolver, requieren recursos de lo más variados (humanos, económicos, tecnológicos, etc.) el diseño de un modelo educativo, voluntad política, participación social, sindicatos, dinámicas burocráticas y un largo etcétera.
En el caso de México y concretamente de Puebla, el panorama es de un atraso consistente, por ejemplo, la escolaridad promedio es de 8.5 años digamos secundaria incompleta, inferior a la media nacional. Lo que tampoco es un referente por seguir.
Casi una quinta parte de la población estatal está en rezago educativo, de nuevo superior a la media de la Federación. Eficiencia terminal y la cobertura están dentro de los rangos medios, en el primer caso se observa un decrecimiento constante que llega hasta el 74% en la educación media superior. La cobertura de nuevo es decreciente hasta llegar al 84% en la educación media superior.
Pero, aquí me detengo: la cobertura en el nivel superior llega a un poco menos del 40%, esto es, ni la mitad de los que ingresan a bachiller o equivalente acceden al último nivel de escolaridad.
Esto es grave y tiene diversas explicaciones, los jóvenes pueden sentir que la educación no les dará algo valioso, por falta de medios (principalmente económicos), no superar un proceso de admisión, miedo a la inseguridad pública que evita cambiar de residencia, razones culturales, etc.
En los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, también se considera (Numeral 4) “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.
Definitivamente no es necesario discutir mucho la situación educativa de Puebla y México, mucho menos la relevancia de este asunto, además considero que esto se puede hacer extensivo a la mayor parte de América Latina.
2.- La educación en línea en el nivel superior
Ante este mosaico, me dirijo a la Educación Superior. Una mínima parte de las escuelas son de este sector, concretamente en Puebla no llegan al 4%, la explicación es simple: las inversiones son cuantiosas, en promedio cada alumno de nivel superior requiere el doble de recursos que uno del nivel inmediato y cuatro veces con relación a la primaria.
Además, se requiere de docentes especializados, de otra forma se estarían impartiendo asignaturas por quienes no tienen el perfil, lo que lamentablemente sucede en la actualidad en mayor frecuencia de lo que se pudiera pensar.
Una escuela de este nivel también implica ponderar las necesidades regionales y la demanda educativa, las que no son siempre compatibles. Cobra sentido entonces la dificultad de generar una cobertura adecuada.
Viene entonces una pregunta evidente ¿Cómo resolver esta falta de educación superior inclusiva, equitativa y de calidad? De manera directa, diré que a través de la educación en línea.
Tiempo y espacio
Más allá de que la educación en línea es una tendencia mundial, me parece que debe atenerse a dos elementos que han sido limitantes durante toda la historia, me refiero al tiempo y al espacio.
Siempre ha sido un determinante el intervalo que me lleva ir de mi domicilio a la escuela, lo cual puede ser de lo más variable. Puede marcar la diferencia entre cursar o no una licenciatura o ingeniería.
La otra dimensión del tiempo es que mucha gente no puede estudiar porque tiene disponibilidad ciertos días y horarios que no son compatibles con las opciones educativas de interés.
El espacio lo relaciono con el hecho de dónde vivo, dónde trabajo y dónde estudio, estos elementos no alineados pueden ser un gran obstáculo. Lo que llevaría a hacer que esos territorios se encuentren en la misma localidad o por lo menos muy cercanos.
Pero existe otra dimensión espacial, un salón de clases tiene un cupo físico, ya sean 20, 50 o 100 lugares, pero definitivamente existen límites. Esto explica, entre otros factores, que ciertas universidades públicas no puedan aceptar más estudiantes.
Inversiones flexibles
Algo que tiene la Educación en línea es que puede disminuir los costos de inversión o hacerlos más dinámicos, me explico, la infraestructura tal cual de una universidad presencial puede verse afectada por muchas razones lo que haga inviable continuar con ciertas áreas o inclusive toda la escuela, lo que implicará que los recursos destinados prácticamente no puedan redirigirse.
En la educación en línea las inversiones pueden ser fuertes, pero se realizan en software, plataformas, contenidos, capacitación, equipo de cómputo, red de banda ancha, etc. La mayor parte se puede redireccionar o tiene uso diverso.
El otro punto destacable de la educación en línea es la reproducción de contenido que llega a valores cercanos a cero en costos e instantáneo en tiempo.
Tradicionalmente hemos visto como la compra de material puede ser un obstáculo para muchos estudiantes, principalmente por los costos, pero en ocasiones tiene que ver con el lugar de compra, la existencia de ejemplares y hasta los tiempos de distribución.
Claro, no todo es reproducción, también se requiere de exposición personalizada, asistencia educativa y técnica, seguimiento, etc. Pero está claro que ahí ser tiene una gran área de oportunidad.
Educación continua
De manera especial quisiera pensar en la educación continua, lo que es una necesidad y un derecho humano, por lo que he considerado el trabajo y la escuela como elementos asociados, más allá del posgrado común (especialidad, maestría y doctorado) cada vez más se requiere de certificaciones, diplomados, cursos, talleres, etc.
Debemos reconsiderar nuestra visión de la escuela, pensarla como un proceso dinámico para toda la vida. Aunque de ser así, nuestras necesidades en el nivel medio superior estarían creciendo exponencialmente, colapsando lo que ya estaba rebasado.
Las vertientes de la educación continua son muchas, existen historias de personas que no pudieron en su momento realizar los estudios con los que soñaron por las más diversas razones. Ahora se puede cumplir con ello, si se facilitan las condiciones de tiempo y espacio.
Es un lugar común hablar de analfabetas digitales, la necesidad de aprender idiomas, desaprender y aprender, desarrollo de habilidades y un terminable etcétera. Lo que sin duda representa dar condiciones para insertarse en las nuevas condiciones laborales y sociales.
Por otro lado, existen quienes tienen inquietudes nuevas y eso los lleva a buscar estudios de fotografía, literatura, marketing, moda, cocina, dirección de personal, finanzas y de nuevo un impresionante etcétera. Esto se puede mirar desde el complemento personal, la generación o mejora de negocios mediante recursos humanos con mayores capacidades y habilidades.
Pero la atención todas estas necesidades debe darse mediante servicios accesibles y de calidad. Además, se requiere del mayor reconocimiento de estos estudios, como pudiera ser un título universitario. Está claro que la educación en línea será un actor preponderante.
3.- Una política pública necesaria para la educación superior en línea
En este año de 2020 quedo de manifiesto que el futuro nos alcanzó todos sabíamos que la educación en línea era el futuro para bien o para mal, pero nos llegó como un presente demoledor: es evidente la falta de capacitación, recursos, infraestructura y sobre todo la desigualdad social que lleva a un uso sumamente diferenciado de esta modalidad educativa.
No se puede olvidar que de manera consistente el medio rural y urbano reciben educación de diferente calidad. Lo que es una deuda histórica que debe saldarse lo más pronto posible, esta vía me parece que forma parte de ese compromiso.
Estoy convencido de que estas acciones no deben, no pueden, ser llevadas a cabo sólo por el gobierno, se requiere del concurso de diversos actores políticos nacionales e internacionales. Lo que implique una política pública en toda la extensión de la palabra partiendo de una necesidad social que requiere ser analizada y ponderada para dar una respuesta factible que sea socialmente rentable, en donde se especifiquen recursos, procedimientos y evaluaciones para darle certeza y confianza a la sociedad que se involucra de diversas maneras.
De manera concreta, las inversiones deben darse en:
Infraestructura de banda ancha y salas multimedia públicas.
Subsidio y financiamiento individual o grupal de equipos de cómputo y acceso a internet.
Curación y elaboración de contenidos.
Capacitación para docentes, estudiantes y público interesado.
Incentivos al sector educativo, sociedad civil y a la iniciativa privada.
Calidad y transparencia
El cuestionamiento más serio que he visto frente a la educación en línea tiene que ver con su calidad, casi de inmediato se asocian los términos de manera negativa y lo que debe entenderse es que se trata de una modalidad con características especiales que da oportunidades y retos, nada más y nada menos.
La calidad, por tanto, debe ser referencia de este tipo de educación, lo que implica contenidos, docentes y seguimiento, en un primer momento. Aquí aparece una gran aliada que es la transparencia, se debe entender que esta educación permite el uso de plataformas que sean de acceso para amplios sectores de la población de tal manera que se puedan observar trabajos, presentaciones, defensas, etc.
Debe tenerse en cuenta que hay opciones académicas mucho más propicias que otras, algunas seguramente tendrán que esperar, otras tendrían que dar en modalidad mixta, unas más tendrán requerimientos específicos a cumplir, etc.
Todo este esfuerzo necesita de instrumentos, normativos, administrativos y operativos, por decir lo menos, es un mundo de trabajo que pone a prueba la visión de que una política pública en esta área tiene un saldo sumamente positivo en viabilidad y rentabilidad social.
Pero sobre todo pone a prueba la visión del gobierno y la sociedad para aportar a medidas que rompan los círculos viciosos de la desigualdad y de la pobreza, sabiendo que no todo tiene que ver con educación, pero si una parte relevante.
Se podrá decir que nunca se ha tenido dinero y ahora menos en medio de una pandemia; es cierto, por eso se requiere pensar bien a dónde se van a dirigir los recursos escasos, me parece que esta es una excelente opción.
Este gobierno, el pasado y el que vienen privilegiarán unos aspectos sobre otros, lo que me lleva a la convicción de que el elemento fundamental para que lo plateado prospere es la voluntad política.
Normalmente se dice que en la universidad lo que se enseña tiene una distancia importante respecto del ejercicio profesional, no sé si exista un ejemplo más claro que en Derecho.
Desde su origen se ha tenido una instrucción formal – repetitiva. Me explico, durante mucho tiempo (y todavía ahora) la enseñanza-aprendizaje se basa en conocer definiciones, artículos legales, clasificaciones, principios jurídicos, etcétera. Está por demás decir que ejercer profesionalmente podría ser algo verdaderamente traumante para la mayoría, debido a esa distancia entre lo que se ve en el aula y lo que se requiere en el ámbito profesional.
Hasta hace poco eso ha venido cambiando, para buscar casos prácticos y situaciones cercanas a la vida posescuela, así en lugar de preguntar por la ley de Amparo se puede pedir elaborar una demanda ante un planteamiento ad hoc o un dilema. Constantemente se hacen simulaciones de juicios o prácticas diversas. Por ahí, todo bien, la preparación de los futuros profesionales del Derecho va en mejora.
En prácticamente cualquier escuela o facultad del área se considera que es necesario aprender: leyes, tratados (de manera reciente), doctrina, jurisprudencia y la dimensión procesal. Además, se deberán desarrollar la expresión oral y escrita, así como la capacidad de interpretación y el manejo de un idioma extranjero (de preferencia inglés). Si una opción educativa garantiza lo que acabo de decir, no se puede dudar que es una escuela excelente. De hecho, estoy de acuerdo.
No obstante, la formación es más bien como litigante, basta mirar prácticamente cualquier mapa curricular para confirmarlo. Irónicamente la mayoría de los egresados no se dedicará a esa actividad. Pero más allá de la discusión eterna del campo laboral por carrera, lo que más me inquieta es que el licenciado en Derecho en sentido estricto, no lo es, más bien (y en el mejor de los casos), será un postulante, tan es natural esto que, por ejemplo, mi título así dice: Abogado (notario y actuario. No me pregunten por qué).
Esta situación no me termina de convencer, sobre todo porque en mi labor docente constantemente imparto la materia de Sociología Jurídica. Son esas materias que alguien las mira y dice son las “relleno”, «la ocurrencia de alguien que ni sabe lo que se necesita en la formación jurídica», o cuando mucho se piensa que es para darle un toque de erudición a la carrera.
Es de lo más común que mis estudiantes me vean en la primera clase (espero que no en la última) con cara de para qué me sirve esto y si no era mejor llevar Civil XIV. Entonces les digo que considero que un licenciado en Derecho va más allá de la litigación, creo que se debe poner atención al contexto en el que se da el ámbito jurídico, evidentemente hay una relación con otras materias como la Economía, la Administración Pública o la Ciencia Política, por mencionar algunos ejemplos. Dado que se deben entender dimensiones económicas, internacionales, ejecutivas, sociales y humanistas, al menos.
Aquí entra la Sociología Jurídica, les digo que esta disciplina trata de las causas y consecuencias del Derecho algo que casi no se aborda en la formación tradicional. El curso abarca una primera parte de Sociología Clásica y una segunda tal cual de la Materia.
Se revisa la necesidad histórica de la Sociología junto a Emilio Durkheim, Carlos Marx y Max Weber, luego vemos a Parsons, lamentablemente no queda mucho espacio para los contemporáneos. Contra lo que se pudiera imaginar la disciplina en cuestión no estudia a la sociedad, eso abarcaría todas las Ciencias Sociales, varias naturales y hasta exactas. Lo que estudia básicamente es el cambio social, la comunicación, la acción social, el valor de las mercancías y el hecho social. Sobre esta base se erige todo un entramado lleno de diferentes corrientes de pensamiento.
Asumo que ningún jurista puede sentirse satisfecho creyendo que las leyes son una obra artificial separada de eso que llamamos realidad, en el más claro sentido kafkiano. El Derecho trata de regulaciones que rigen coercitivamente en las sociedades. Se hace imperativo, por ello, entender de alguna manera a quien va dirigido.
De no hacerlo así, se dan casos de leyes inaplicables o que tienen efectos diversos a los que se pretendía, en el mejor de los casos. Por ejemplo, la mitad de la economía mexicana está en la informalidad (o ilegalidad), está a la vista de todos, pero no se hace mucho y lo que se ha intentado no funciona como el actual Régimen Simplificado de Confianza, posterior al Régimen Simplificado de Confianza (Resico) posterior al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) que a su vez sustituyó al de Pequeños Contribuyentes (Repecos).
En este tema las regulaciones municipales son inaplicables ¿vale la pena seguir por esta vía? Creo que no, me parece que a gritos requerimos saber qué se pretende en la materia y qué se ha obtenido hasta el momento. De otra forma vamos a la deriva, generando eso sí: leyes, reglamentos, sanciones, incentivos, procedimientos administrativos, etc.
Veamos ahora algo tan delicado como el sistema penal y su cambio de inquisitivo a acusatorio adversarial, necesitamos saber por qué se hizo la modificación y los efectos derivados, para ir a: ¿cuáles con las áreas de oportunidad?, ¿vamos por el camino correcto?, ¿los contratiempos son principalmente de inercias, recursos económicos, capacitación, voluntad política, cultura jurídica?, ¿todas?, entonces ¿en qué orden o magnitud?
De este tópico podríamos seguir con otros como ¿cuál es el papel de la Constitución política y qué significa para los ciudadanos?, ¿por qué apenas si tenemos servicio profesional de carrera? La lista se puede hacer interminable: ¿por qué somos el único país de América Latina en donde el cargo presidencial dura seis años?, ¿qué efectos ha tenido el aumento en años recientes del Salario Mínimo General?, ¿el incremento de las penas disminuye los delitos?, ¿a veces?, ¿por qué?… sólo imagínese lo que se podría colocar en esta lista.
Alguien pensará que son preguntas ociosas para el Derecho y que en todo caso deben realizarse desde otras disciplinas, no lo creo, el mundo terrenal no reconoce fronteras disciplinares. En esa línea me resisto a creer que los juristas tengan poco o nada que decir a los demás campos del saber.
Así, la formación de un licenciado en Derecho debe ser más allá del litigio, para mirar otros procesos jurídicos y entendiendo mejor el entorno del sistema legal. Ya no hablemos del papel de la investigación porque esa es otra historia.
Los abogados tenemos pendiente un compromiso social para fortalecer una cultura ciudadana evidenciando que las leyes y su aplicación son indispensables en cualquier sociedad. Lo que demanda un entendimiento contextualizado del Derecho.
La Constitución Política de México no cumple con su función principal, al menos desde la perspectiva de Kelsen (p.11) de ser la materialización de la norma fundante, esto es, que al menos en esencia todos la conocen y es referencia en el actuar jurídico de una sociedad.
Más allá del contenido, me centraré en la extensión y complejidad, me parece que la Constitución es difícil de leer para la mayoría de la población; en parte por su longitud, pero principalmente por la manera técnica-jurídica en que está redactada.
La Constitución se ha venido enfrentando a dos problemas en este aspecto: Primero, socialmente se tiene la idea de que cualquier tema relevante se tiene que colocar ahí. Segundo, políticamente, se sabe que lo que se inserte en la Constitución es jurídicamente inatacable. Lo que es adorado por quien controla el gobierno en turno y lo vacuna de ataques de inconstitucionalidad por parte de la oposición. El resultado está a la vista de todos.
La Constitución ha tenido una gran cantidad de reformas (ver V.19) dependiendo de qué referencia se ocupe se pueden considerar más de 700, de hecho, sólo 22 artículos son originales. Mucho se ha cuestionado si sigue siendo la misma constitución, claramente no. De si ha ido evolucionando con las necesidades del País, puede ser (no lo creo). Pero el punto más relevante es si cumple con su función (ver I.5), de manera rotunda no. Al menos no en los términos planteados.
Una Constitución de acuerdo con la teoría clásica del Derecho trata dos aspectos: los principios jurídicos (parte dogmática) y la organización del Estado (parte orgánica). De tal manera, lo que se debe establecer en la primera parte son los puntos esenciales de protección y reciprocidad del Estado frente a la sociedad. En la segunda, para el caso de México, que se trata de una federación con un régimen democrático en un sistema presidencial.
Claro, cada uno de estos aspectos deben desarrollarse para entender su naturaleza, pero nada más. De otra forma, al colocar aspectos particulares se tiene el problema, irónicamente, de generar mayores dificultades de aplicación, es más probable que se den contradicciones legales (antinomias) y lagunas normativas.
La mayor ventaja de una constitución política breve y clara es su accesibilidad a la población, lo que permite establecer una costumbre en términos de Rousseau (Contrato Social L. II, C. XII). En donde la población, en general, asimila los contenidos básicos y los relaciona con su vida cotidiana.
¿Qué tan corto debe ser este texto? Bastante, una referencia son los Estados Unidos de América en su constitución sólo hay 7 artículos y 27 enmiendas, además con un lenguaje sencillo. Bajo la lógica que se maneja, me parece por demás razonable pedirle a un ciudadano de ese País que conozca y entienda la norma fundante.
En el caso de México son 136 artículos, sin hablar de los transitorios que por volumen ocupan más de la mitad del documento total, muchos verdaderamente extensos (cfr. 41, 73 y 123) y en general bastante técnicos (3, 6, 16, 20, 28, 54, 76, 79, 97, 99, 102,107, 109… bueno podrían ser todos) lo que hace una tarea titánica entenderlos, pero si se llegara a lograr, seguramente se tendría que realizar una actualización constante debido al ritmo vertiginoso de las reformas.
Veamos las consecuencias, imaginemos una situación clásica en la televisión estadounidense: una persona es detenida por la policía y requiere fundamentar su negativa a declarar, la mayoría de nosotros lo sabe “me acojo a la V enmienda”, listo. Hagamos lo mismo para México, con excepción de los abogados y delincuentes avezados, no sabríamos qué decir, por cierto, lo correcto sería “me acojo al art. 20, apartado B, fracc. II”.
Continuamos con el ejercicio. Si alguien reflexionara sobre que se viola la Constitución dado que el salario mínimo general vigente no es suficiente tendría que buscar el fundamento en el art. 123, apartado A, fracc. VI, pár. II. Me queda claro que la Constitución es algo socialmente extraño que contribuye a un medio jurídico kafkiano, lejos de ser una referencia jurídica para toda la población.
¿La Constitución debe cambiar con los acontecimientos sociales? En esencia no, porque lo que ahí se plasme deben ser sólo directrices y descripciones generales. Entiendo que, si México dejara de ser una federación, cambiara el sistema presidencial o se considerara que la tortura es un medio de obtener pruebas, entonces sí se requiere hacer reformas; de otra manera, para eso está la normatividad en general (ver VI.25): leyes reglamentarias, secundarias, decretos, reglamentos, etc.
¿Qué se debe hacer? Algo verdaderamente simple, aunque ahora me parece un sueño: resumir la Constitución, para dejar lo esencial. La ciudadanía debe estar en condiciones de saber sobre sus derechos y cómo hacerlos efectivos. Conocer la organización de País, por ejemplo, que existe una federación, estados y municipios, entendiendo a grandes rasgos sus competencias. Cuántos diputados (federales) y senadores existen, así como sus funciones.
Bajo la misma línea, que existe un poder ejecutivo con funciones administrativas, un poder judicial federal con una estructura y actividades precisas. Finalmente, que existen organismos autónomos que cumplen su labor en áreas de relevancia técnica y social. Este pequeño examen de comprensión podría ser la prueba de fuego.
Debe quedar claro que la Constitución no resuelve por sí misma nuestra realidad, al contrario, es contraproducente depositar anhelos, como los derechos a la educación de calidad, trabajo digno, deporte, vivienda, salud integral, salario adecuado, etc. Ojalá la Constitución fuera una vara mágica. No lo es. Todas esas metas son relevantes, pero se ganan en la praxis, no en un papel, por relevante que éste sea.
Para colmo de males, vamos en sentido contrario en América Latina a través de lo que se conoce como Neoconstitucionalismo, ahora se busca que las constituciones sean más largas, técnicas y casuísticas. Eso explica que la Constitución de Ecuador (2008) tenga 444 artículos, lo mismo sucede con la Constitución de Bolivia (2009), con 411. Nadie duda de la importancia de reconocer derechos fundamentales, revalorar a los pueblos originarios, establecer una mejor relación con la naturaleza o implementar medidas concretas para garantizar la protección de grupos minoritarios.
La verdadera pregunta es si todo eso debe estar en la Constitución de manera tan extensa y reiterada. Claramente mi opinión es que no. No porque un derecho se diga mil veces se cumplirá (el contexto era otro en Göbbels). En el caso extremo, Reino Unido no tiene Constitución y eso no implica que los ingleses se encuentren desprotegidos jurídicamente.
Hay otra una línea de objeciones a una constitución breve y tiene que ver con el efecto de dar mayor relevancia al poder judicial, esto es cierto, dado que muchos principios requieren ser (re)interpretados, más leyes pueden ir contra la norma fundante, los conflictos en diferentes órganos de gobierno se exponen, etc. Nada de esto me parece grave.
Pues aquí les dejo esta discusión de una Constitución que requiere ser para todos.
Este texto tiene la intención de hacer visible la falta de democracia interna en los partidos políticos en México y las consecuencias importantes que se derivan. Situación que se ve reforzada por una judicialización de la política, esto es, las disputas partidistas son llevadas ante los tribunales lo que causa que los aprendizajes y las responsabilidades inherentes a este ámbito no se den. Así, los ciudadanos tenemos que lidiar con partidos políticos inoperantes que no reflejan a la sociedad e impiden una confrontación bajo reglas institucionales. Al final se proponen medidas concretas para atender este asunto.
Con relación a la Democracia, existe una discusión teórica y conceptual debido a que prácticamente todo grupo político se adscribe ahí, en una simplificación necesaria para esta discusión, el enfoque que más tiene peso es la concepción liberal: elecciones periódicas con dos o más partidos, condiciones de competitividad, libertad de expresión y asociación, institutos que organizan y deciden sobre las elecciones las cuales son reconocidas por los grupos políticos más relevantes.
La democracia no necesariamente se asocia con lo adecuado, puede dar lugar a gobiernos calificables de diversas formas negativas, aunque no se tengan muchos caminos por donde transitar; como diría Winston Churchill «La democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre. Con excepción de todos los demás».
Ante este panorama, existen una gran cantidad de posturas sobre la forma de mejorar la vida democrática, en nuestro País no es la excepción: cambiar el régimen, democracia directa, voto obligatorio, segunda vuelta, reelección presidencial, disminuir/aumentar el número de partidos políticos y un largo etcétera.
No obstante hay un aspecto que en buena medida ha sido apenas abordado en la agenda pública y el ámbito académico. Me refiero a la democracia interna de los partidos políticos, de manera especial a la selección de candidatos.
Partamos de un ejemplo: Alguien nos pide que escojamos, cualquier cosa, entre tres opciones, lo cierto es que para nuestras preferencias nos encontramos con las variantes: mala, terrible y peor. No obstante lo anterior, al final decidimos «lo menos grave», obviamente el resultado es insatisfactorio, pero cuando nos quejamos se nos dice que fue nuestra elección.
Después de pensarlo un poco más, nos convencemos de que, es cierto, nosotros decidimos. Pero no nos hemos dado cuenta de una trampa: alguien hizo una selección previa que recortó drásticamente nuestras opciones.
Esto sucede en las elecciones políticas: se nos pide decidir, pero es fácil olvidar que hubo un paso previo, la selección de candidatos. Lo increíble es que no se le ha dado la importancia que tiene, para algunos hasta se podría considerar un asunto que, en el mejor de los casos sólo tiene relevancia para los militantes o simpatizantes del partido político en cuestión.
Bajo esta lógica, en la pasada elección presidencial de 2018 hubieron candidatos únicos en cada una de las tres coaliciones. Uno no puede sino preguntarse sobre la razón de que esto sucediera. Evidentemente no se puede creer que no existiera interés de otras personas para ese cargo. Bajo cualquier perspectiva nuestras posibilidades de elegir se redujeron considerablemente, pero lo más preocupante es que esa circunstancia se dio de manera opaca y en buena medida silenciosa.
Situaciones parecidas ocurren con las diferentes candidaturas a puestos de elección popular, en ocasiones pareciera tratarse de una Caja Negra (David Easton), se conoce que existió una disputa, de la cual se obtuvieron determinados vencedores, pero no sabemos qué sucedió en el inter.
Los partidos políticos siempre deben explicarnos bajo qué criterios y de qué manera escogieron a sus candidatos, no necesariamente debemos intervenir en ese proceso, pero la transparencia juega un papel trascendental.
No es de extrañar que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la mayoría de los asuntos sean las inconformidades de militantes (p. 21-23) derivados de procesos electorales internos. Esto que pareciera en un primer momento bastante provechoso para la democracia, tiene un efecto contrario.
Se ha provocado una judicialización de la política, esto es, en lugar de que los problemas de los partidos se resuelvan bajo criterios como: salida, voz y leatad (Hirschman). Las disputas se llevan a un árbitro que por definición resolverá, en el mejor de los casos, bajo criterios formales de un juicio, lo que definitivamente será inadecuado como solución política.
Si lo vemos de manera comparada, en los EUA los candidatos, en especial los presidenciales, se obtienen de procesos relativamente largos en donde se van depurando los precandidatos hasta llegar a una lista bastante corta, que todavía se reducirá en las elecciones primarias.
Con lo cual en ese País, en la elección presidencial se tendrán dos candidatos partidistas y una cantidad importantes de candidatos independientes, que si bien normalmente no tiene oportunidad real de ganar incorporan elementos a debate.
Es por ello que los tribunales electorales son seres extraños en cualquier país con una democracia consolidada, se entiende que esta materia no puede ser llevada a los jueces, so pena de trabar la responsabilidad política.
Así, en México cada partido político debe entender que es un ente de interés público que tiene la función de intermediación entre la sociedad y el gobierno. Esa es su razón de ser y sino la cumple debería desaparecer. No hay ningún motivo para mantener institutos políticos formales carentes de alternativas para los ciudadanos.
No pueden existir monopolios de acceso a cargos de elección popular, para ello es necesario (p. 14) reducir candados a las vías independientes y a la generación de nuevos partidos, así como crear condiciones para partidos en niveles de mayor cercanía a la población como serían partidos municipales o regionales.
La reducción de prerrogativas partidistas y su fiscalización eficaz son indispensables en la tarea de darle credibilidad a los procesos electorales.
De manera paralela, limitar los asuntos partidistas internos que puedan ser llevados ante el TEPJF, existiendo varias opciones viables de ser votado, las salidas políticas tienen que privilegiarse.
Como siempre, el destino de cualquier planteamiento de este tipo estará moderado por la participación de la sociedad, sin la cual ninguna medida funciona.
Grecia Argel Camacho Domínguez, Alejandro Gallardo Rodríguez
y Luis Alberto Barradas Palmeros.
La Doctrina Estrada ha sido motivo
de orgullo para la política exterior mexicana, pero hoy la ponemos en tela de juicio
porque sus preceptos permiten una ejecución ambigua que ha agudizado nuestra
dependencia hacia Estados Unidos y nos ha aislado de América Latina.
Esta doctrina debe su nombre a quien
fuera Secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Pascual Ortiz
Rubio: Genaro Estrada. En 1930, declaró que, entre otras cosas, la política
exterior mexicana buscaría la neutralidad y el respeto a la autodeterminación
de los demás países (ver aquí). Dicha política quedaría
consagrada en el texto constitucional hasta la reforma al artículo 89 fracción X de 1988.
La Doctrina Estrada tiene un respaldo conceptual
valioso. Se consideró una política que podía frenar diplomáticamente el
imperialismo y el colonialismo de las potencias y, que al mismo tiempo, nos
podía vincular con otros países bajo dichos principios. Con ella, México
reconociéndose como afectado por el intervencionismo estadounidense y el
colonialismo español, defendería con legitimidad histórica la autonomía de los
pueblos. No obstante, es ambigua. En la práctica ocurre que esa ‘no
intervención’ no alude al freno de la intervención de las potencias, sino que
justifica la no intervención propia bajo una idea de neutralidad. Habiendo poderes
imperantes, la neutralidad se traduce realmente en la permisividad de lo
preestablecido.
Por ejemplo, cuando Lázaro Cárdenas en 1939 asiló a 460 niños de España
pudo haberse respaldado en el no-intervencionismo que defiende la Doctrina
Estrada. Pero en su lugar decidió posicionarse por propia iniciativa. Además de
que la configuración internacional lo permitía, porque las potencias que solían
ejercer presión sobre México estaban ocupadas cocinando la Segunda Guerra
Mundial, esta postura también se puede defender desde la misma doctrina. ¿Cómo
es que los mismos principios sirven para justificar dos posturas tan
contrarias? Su interpretación es lo suficientemente ambigua como para que la
narrativa elegida genere su justificación.
En este sentido, la Doctrina Estrada
da para que el mandatario en turno decida qué tanto desea involucrarse en los
acontecimientos internacionales. A pesar de que los resultados podrían resultar
positivos, vale la pena cuestionarse la funcionalidad de dicha ambigüedad.
Basta con voltear a ver el caso de la relación México-Venezuela. Desde la llegada de Chávez al
poder, Estados Unidos ha sido insistente en que Latinoamérica le acompañe en su
postura anti-chavismo. No obstante, acciones como el retiro de embajadores por
parte de Fox; la comparación Chávez-López Obrador por parte de Calderón; y las
críticas de Videgaray a Maduro en el periodo de Peña Nieto, dan muestra de que
la Doctrina Estrada puede ser sencillamente burlada apelando a interpretaciones
diversas del 89 constitucional.
En el caso actual, algunos de los
simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador han aseverado que la postura ‘neutral’ del nuevo gobierno ante las
dictaduras venezolanas y nicaragüenses, recuperan el sentido de la Doctrina
Estrada que sus antecesores habían dejado. Y podría ser cierto, sin embargo,
olvidan que esta postura sirve para no interferir con los planes de intervención militar
estadounidense. En otras palabras: si bien, la postura no apoya a Estados
Unidos, tampoco le estorba. ¿Es la omisión una forma de no intervención? El
debate conceptual podría tornarse complejo en ese sentido, y todo debido al
estiramiento a conveniencia de estos términos. El rechazo al intervencionismo estadounidense, como motor
original de la doctrina, no está encontrando reflejo en ello.
Se reconoce que en la configuración
geopolítica que determina la globalización, las hegemonías se establecen
mediante el comercio. México destina el 80.2% de sus exportaciones a Estados
Unidos. La dependencia es evidente y se manifiesta por el tipo de relación que
detenta Estados Unidos, coercitiva, como las amenazas de sanciones económicas a
México para que redujera el flujo migratorio de su frontera. En gran medida,
eso explica por qué los mandatarios mexicanos han adecuado la Doctrina Estrada
a situaciones que posicionen a nuestro país en una neutralidad conveniente para
Estados Unidos. Por otro lado, eso también nos da luz para entender por qué
Donald Trump logra descalificar con sorprendente fluidez a los migrantes mexicanos:
no ve al presidente de México como su par, y esta Doctrina ha legitimado eso.
No es motivo de este texto proponer
la nueva doctrina milagrosa que resolverá nuestros problemas de política
exterior. No obstante, vale la pena reconsiderar la actual y explorar nuevas
directrices que sean menos vulnerables al estilo del Secretario de Relaciones
Exteriores en turno.
Muchas veces nos hemos preguntado sobre la manera de
enfrentar la corrupción gubernamental en México, desde mi óptica es el problema
más grave que tenemos, dado que mientras se mantenga afectará a todo lo demás,
por ejemplo, si hace falta infraestructura carretera, de poco servirá que se le
destinen recursos si serán aplicados en un entorno tan poco confiable. Lo mismo
sucede con educación, salud, medio ambiente, etc.
Los modos de enfrentar la corrupción se han imaginado desde las perspectivas más diversas: eliminarla por decreto, reformas a leyes, contratar a personas honestas, regresar las clases de civismo, castigos ejemplares, más dependencias de gobierno, etc.
Normalmente esto tiene que ver con el voluntarismo y en
el otro extremo la desesperación, no es para menos, mucho se ha perdido en esta
búsqueda de respuestas y soluciones. Me parece válido en este proceso hacer una
acotación: en ocasiones se olvida que la corrupción tiene su origen en la
sociedad y de ahí se refleja en el gobierno.
Para decirlo de manera cruda: se tiene un gobierno
corrupto, porque existe una sociedad corrupta, no encuentro evidencia empírica
de que estos elementos puedan ir disociados. Lo de menos es responsabilizar al
gobierno, pero me parece que entonces se estaría dejando en una minoría la
responsabilidad de una sociedad.
En ese tramo, caminando con Rousseau, al ciudadano le deben interesar los asuntos públicos y el control de su gobierno, por lo cual está obligado a informarse y debatir en asambleas ciudadanas de todo tipo (L-III, C.XIV).
La tarea parece titánica (y lo es), pero no existen recetas fáciles: reformas legales que eliminen la corrupción por sí misma, líderes políticos, honestos y capaces que no requieran de la intervención reflexiva y activa de la sociedad, improperios hacia los corruptos que los hagan reflexionar y lo demás que la imaginación permita.
La corrupción es el gran negocio de unos pocos y la ilusión de muchos. Cuando una persona compra algo robado se siente inteligente por el beneficio inmediato, pero se vuelve difícil siquiera sospechar los efectos de mediano y largo plazo. Lo mismo sucede con la compra de piratería o la entrega de un soborno.
Lo que le queda a la sociedad es reconocer la inviabilidad de la corrupción, no se trata de evitarla por ser un “alma buena”, sino porque no existe país que, teniéndola en grado superlativo, sea al mismo tiempo una nación desarrollada, no hay teoría que pudiera al menos suponer algo por el estilo.
Para decirlo en términos directos: la corrupción es
más producto de la ignorancia, quiebre y desesperación social que, de la perversión
de un sector como el gobierno o los empresarios, lo cual tampoco se niega.
Se podrá alegar que estando el país como se encuentra es difícil o imposible llamar a la población a que haga un voto de honestidad, es cierto, aunque pareciera no existir otra salida. Se puede argumentar que debe empezar el gobierno y los sectores más favorecidos, puede ser, pero cada ciudadano tendrá que asumir parte de la responsabilidad.
Una forma de iniciar este proceso me parece que es la
implementación del Servicio Profesional de Carrera (SPC), con esto me refiero a
que los funcionarios públicos (en su gran mayoría) deben acceder a sus puestos por
medio de una convocatoria pública, cubriendo un perfil y aprobando exámenes; para
efecto de que su ingreso, egreso y promoción sea conforme a procedimientos
definidos legal y administrativamente (ver cap. 5).
Actualmente, en general, se tiene un sistema que Weber
denominaría de Despojo (spoils system), esto es, las
campañas políticas son una guerra en donde el ganador se lleva un botín que
incluye la mayor parte de las posiciones de los funcionarios públicos de la administración
de que se trate.
Lo que implica pérdida de conocimiento institucional, curvas
de aprendizaje continuas, personas no aptas para determinados puestos,
funcionarios públicos vulnerables ante actos de corrupción, etc. Con las
consecuencias que se pueden prever.
En el nivel federal se han hecho los mejores intentos para implementar el SPC, me parece que la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional Electoral son de las mejores experiencias. Por supuesto que tienen aspectos observables, pero finalmente representan casos en los cuales se muestra que en México se pueden tener condiciones superiores que con el sistema que prevalece.
La pregunta obvia es: Si es tan adecuado el SPC ¿por
qué no se ha ampliado su uso? La respuesta es simple, porque no le conviene a
la clase gobernante y la ciudadanía no lo tiene en la agenda pública.
Continuado con la imagen de la batalla, ¿cómo es que puede reclutar a tantos “guerreros” un candidato competitivo?, en buena medida bajo la promesa implícita o expresa de tener un beneficio que en varios casos se traduce en la aspiración a un puesto en el gobierno. Prisioneros de guerra serán «sacrificados» en aras del cumplimiento de favores, no puede ser de otra forma.
Pero el drama no termina ahí, el nuevo funcionario ya en ejercicio se encuentra entrampado, ante un hipotético desacato por no acceder a un acto de corrupción ordenado por sus superiores, seguramente tendrá que olvidarse de su empleo; pero si llegara a mantenerse y realizar un buen trabajo, con la llegada de la nueva administración, en tres o seis años, traerá un sello que opacará su desempeño, por tanto, disminuyendo sensiblemente sus posibilidades de conservar el puesto.
Esto que comento es en el mejor de los casos, por otro lado, está el funcionario público que mediante el despojo ve una oportunidad de cometer actos de corrupción, de mayor o menor tamaño, sabiendo que su permanencia depende de muchos factores, siendo uno más su desempeño.
Está claro que la ciudadanía no se encuentra beneficiada con una situación como ésta, lo que deseamos es que los puestos del servicio público sean ocupados por los mejores perfiles, en donde los funcionarios encuentren beneficios y sanciones en correspondencia a sus actos. Lo que redunde en una burocracia profesional.
Es cierto que el SPC ya ha provocado críticas en países que lo han utilizado desde hace mucho tiempo, pero debe en todo caso abrirse el debate de si para nuestras circunstancias es lo adecuado. Desde mi perspectiva claramente debe ser implementado.
Ahora, se debe tener claro que ninguna medida puede ser eficaz si no tiene el interés de por lo menos un sector de la sociedad, esta no es la excepción. Creo que podemos pensar en informarnos sobre el tema e ir colocándolo en la discusión social. No será fácil, pero para como estamos, nada lo será.
Tablero Social 